Dívar ya es historia

La estimación agregada de necesidades de capital de los bancos españoles a la que han llegado las consultoras Wyman y Berger supera a la avanzada por el FMI, situándose entre 51.000 y 62.000 millones de euros para el escenario más adverso. Descartado que los tres grandes bancos -Santander, BBVA y Caixabank- presenten necesidades de ayuda y confirmado que son las entidades intervenidas por el FROB las que acaparan las mismas, el resultado de la evaluación debería despejar también en los mercados la sospecha generalizada hacia el conjunto del sistema financiero español. Además el hecho de que la disponibilidad del Eurogrupo duplica prácticamente las magnitudes señaladas ofrece un amplio margen al saneamiento bancario. El secretario de estado de Economía, Jiménez Latorre, tuvo especial interés en precisar que no se trata de necesidades imperiosas, sino de una capitalización que podría requerirse a lo largo de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 únicamente si la recesión se prolonga durante los tres años. Pero aunque como el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, subrayó ayer ningún instituto de análisis se apunta a tan pesimista pronóstico, solo el conocimiento pormenorizado de la realidad bancaria española a través de las auditorías encargadas para ello despejará las dudas y podrá, en su caso, restablecer la confianza interna y externa hacia nuestro sistema financiero. De ahí que urja conocer la situación de las entidades más débiles en cuanto a las pérdidas esperadas y a la capacidad que puedan mostrar para absorberlas aunque sea en parte. Entre otras razones porque el cuadro detallado del sector financiero permitirá a la economía productiva establecer una relación más diáfana con las fuentes de un crédito condicionado por incógnitas de solvencia y liquidez que se eternizan. Jiménez Latorre descartó ayer la eventualidad de que se opte por la liquidación de alguna entidad que se encuentre especialmente dañada dado que «esa es siempre la solución más cara», pero al mismo tiempo reconocía que la Comisión se iba a mostrar muy exigente a la hora de conceder ayudas que fuesen a bancos cuya viabilidad esté en entredicho. Es la contradicción que el Gobierno trataría de salvar aferrándose a la solución del 'banco malo' u otra fórmula análoga que Bruselas vería con buenos ojos.

El presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, presentó ayer su dimisión entre protestas de integridad y denuncias de una campaña feroz en su contra. Y no ha habido ni lo uno ni lo otro. Quien, por el cargo que ocupaba, tenía el deber de mostrar una especial y singular ejemplaridad, había actuado con ligereza en el manejo de los recursos públicos y en la ocupación profesional de su tiempo. Ni las frecuentes semanas 'caribeñas' de tres días hábiles ni el cargo al Estado de expansiones evidentemente privadas son de recibo en quien encabezaba un poder institucional que controla a los otros dos. Es poco relevante a efectos políticos que los hechos por los que ha tenido que dimitir Dívar tengan o no relevancia penal: lo cierto es que en su conducta han fallado tanto la ética como la estética, por lo que su dimisión era irremediable. Finalmente, han sido los medios de comunicación los que, al actuar como voceros de la opinión pública, han forzado el desenlace de una situación que se había vuelto insostenible.