La legalización de Sortu abre una fisura en la unidad antiterrorista

La decisión del Tribunal Constitucional de legalizar Sortu amenaza con abrir una fisura seria en la unidad antiterrorista. Alfredo Pérez Rubalcaba salió en defensa de la corte y, en contra de su costumbre, lanzó una andanada a los miembros del Gobierno de Rajoy y del PP que han arremetido contra la institución por su decisión. Una resolución que, a su juicio, juega a favor de la desaparición de ETA.

La sentencia del Constitucional «favorece el objetivo de los demócratas, que ETA desaparezca», afirmó sin ningún tipo de dudas el líder socialista. Si ese objetivo se logra será en parte por haber permitido el retorno de la izquierda abertzale a la actividad pública y cuando eso ocurra, dentro de «dos años», dijo, que «no se pongan medallas los que ahora han dicho algunas cosas respecto a la sentencia».

Rubalcaba consideró que el fallo es «coherente» con el que dictó el mismo tribunal y permitió a Bildu participar en las elecciones municipales del 22 de mayo, con el elemento añadido que entre uno y otro se ha producido un «cambio sustantivo», el anuncio del 20 de octubre de la organización terrorista del final definitivo de la violencia. «Eso cambia radicalmente muchas cosas» respecto a la izquierda abertzale, subrayó.

El líder socialista se mostró ayer muy molesto con las críticas al Constituional, para el que pidió «respeto» porque hay opiniones en el Gobierno y en el PP que no encajan en el Estado de Derecho. En concreto, reprochó a Alberto Ruiz-Gallardón que haya dicho que acata, pero no comparte la sentencia. «Nunca», subrayó, un ministro de Justicia ha hecho un comentario semejante.

Doctrina Gallardón

Afirmó además que «la doctrina Gallardón» abre el camino para que desde todos los estamentos sociales se pueda criticar sin coste las decisiones judiciales. «Si el ministro de Justicia se permite el lujo de criticar una sentencia del Constitucional, todos podemos sentirnos legitimados para hacerlo», advirtió con ironía.

Rubalcaba trató así de responder a las descalificaciones del PP a la decisión de la corte, pero sus palabras lejos de apaciguar los ánimos, los exacerbaron. La presidenta de la Comunidad de Madrid propuso el cierre del tribunal y «si hay que hacer recortes a lo mejor hay que empezar a pensar que el Constitucional sea una sala del Supremo». Esperanza Aguirre se preguntó «por qué tiene que haber un Tribunal Constitucional nutrido de políticos que se llaman magistrados pero que no lo son».

Afirmó que la sentencia es «una vergüenza» porque se ha legalizado un partido que «no condena más de 800 asesinatos de ETA y se niega a pedir la disolución» de la organización terrorista. «Es un día muy triste para la democracia», se lamentó la presidenta madrileña. En la misma línea, la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, señaló que la sentencia deja «entristecidos y decepcionados a la inmensa mayoría de los demócratas».

Con menos crudeza, pero con un gran alcance político, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, consideró que la legalización de Sortu supone en la práctica que «la ley de partidos pierde su vigencia». Y el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja denunció que la decisión del Constitucional «beneficia» a ETA y decir lo contrario es «una falacia». La organización terrorista, resumió, «nunca ha acariciado tanto poder» porque ha visto «legitimado su proyecto de ruptura» a través de Sortu.