La jueza de los ERE amplía la acusación a ex altos cargos de Empleo

La jueza que investiga los ERE fraudulentos ha citado como imputados en julio al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y a los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, además de ampliar los hechos objeto de acusación a otros ex altos cargos ya imputados. En diferentes resoluciones notificadas ayer, Mercedes Alaya dice que los últimos informes de la Guardia Civil apuntan a nuevas «responsabilidades de altos cargos» de las consejerías de Empleo, de Innovación y de la agencia andaluza IDEA, a través de la cual se canalizaban las ayudas.

Acuerda además imputar en la causa al exdiputado andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, que era asesor de la Consejería de Empleo cuando se concedieron las ayudas investigadas y que, según uno de los autos, permitió la existencia de cinco «intrusos» en los ERE de Calderinox, Saldauto y A Novo y además participó en la ayuda de 450.000 euros a la empresa SAT Virgen del Espino para ocho trabajadores, pese a que solo tenía dos empleados.

Márquez comparecerá el 3 de julio y Rivera el 11, mientras que la citación de Barberá está fijada en uno de los documentos el 13 de julio y en otro el 27. Estos ex altos cargos se unen al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Además, la jueza ha imputado a María José Rofa, mano derecha de Juan Márquez, Antonio Diz-Lois, jefe de servicio en la dirección general de Trabajo; y María Ángeles Gala y Rocío Sayago, tramitadoras de las ayudas en la dirección general de Trabajo.

La parte más «novedosa»

En un auto de fecha 12 de junio, Alaya analiza el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y dice que «la parte verdaderamente novedosa» es la que abarca la fase que se abre en la Consejería de Empleo tras el cese de Guerrero en 2008 y cuando sus sucesores Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera «dieron continuidad» a las ayudas, pese a conocer la inclusión de intrusos en los ERE.

Por ello, Alaya amplía los hechos que imputa a ambos ex altos cargos, que «por un lado mantuvieron la conducta omisiva» ante las irregularidades y por otra no ordenaron el reingreso a las arcas públicas de las cantidades cobradas. En el caso de Márquez, era además «pleno conocedor de que en las ayudas sociolaborales y directas se estaba incumpliendo la normativa comunitaria», dice el auto. La jueza amplía los hechos que imputa a Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, por su «activa participación en la inclusión de los intrusos de Intersur» y otros beneficiarios.

El auto amplía las imputaciones a los abogados Daniel Gutiérrez Montaña y Carlos Leal, del bufete Villasís, por los intrusos aparecidos en el ERE del restaurante Río Grande. La juez también requiere a la Junta para que «de manera urgente» aporte un listado de las cantidades irregulares cuya devolución haya exigido, con la fecha de inicio de los expedientes, y le reprocha que sigue siendo incompleta la documentación sobre las ayudas a la compañía Hijos de Andrés Molina.

Las reacciones

Al conocer las imputaciones, el portavoz parlamentario del PP andaluz, Carlos Rojas, aseguró que su partido tiene la sensación de que el PSOE e IU tiene ya «el guión escrito» sobre las conclusiones de la misma. Rojas indicó que los dos partidos han llegado a un acuerdo para «neutralizar» la comisión al objeto de que no se conozca la verdad sobre este «monumental escándalo».

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, insistió en que no es necesaria la comparecencia del presidente de la Junta, pero dijo comprender sus motivos para hacerlo ante las «mentiras, la basura y la cacería» política del PP. Reiteró que Griñán comparecerá a petición propia y no descartó que lo haga también el expresidente Manuel Chaves.