Dívar irrita de nuevo al Poder Judicial al sembrar dudas sobre su dimisión

Carlos Dívar se empeña en alargar su agonía al frente del Poder Judicial. 48 horas después de haberse comprometido, sin decirlo, a dimitir pasado mañana para atajar la crisis institucional, ayer, en público y en privado, aseguró que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro. Es más, mantienen las dudas sobre si debe abandonar el cargo porque, de hacerlo, sería tanto como aceptar que cometió alguna irregularidad al cargar cerca de 28.000 euros por 32 viajes de fines de semana.

«Estoy tranquilo y sereno», aseguró ayer a sus allegados durante el acto solemne del bicentenario de la fundación del Tribunal Supremo, la ceremonia que quería presidir a toda costa para seguir en el cargo, al menos hasta el jueves. Dívar explicó a algunos de los asistentes lo que horas antes había adelantado en una entrevista concedida al diario 'El Mundo'. Que sigue pensándoselo y que, a pesar de que incluso los vocales conservadores del Poder Judicial le han dicho a las claras que están dispuestos de votar a favor de su salida, todavía cree que puede contar con el apoyo suficiente en el Consejo para aferrarse en el cargo.

Según los magistrados que han hablado con el todavía presidente en las últimas horas, sigue sintiéndose víctima de una «campaña» orquestada en su contra por sectores de la judicatura, y una y otra vez lamenta que tenga que abandonar el cargo cuando el propio Supremo y la Fiscalía han determinado que no ven delito en los gastos de sus polémicos viajes.

Carlos Dívar, explican estas mismas fuentes, quiere valorar el mismo jueves cuál es la correlación de fuerzas. Después de que el sábado insinuara que dejaría el cargo para no seguir perjudicando a la imagen del Poder Judicial, en las últimas horas ha dado a entender que solo lo hará si hay más vocales que piden su salida de los que le reclaman que siga. El resumen que hacen en el órgano de gobierno de los jueces es que la todavía máxima autoridad judicial de España quiere tener la absoluta seguridad de que los vocales 'rebeldes' contarían en el pleno del jueves con los votos de los doce consejeros necesarios para echarle. Solo entonces, tiraría definitivamente la toalla y se iría a su casa.

En mal lugar

El problema es que esta actitud irrita abiertamente al Poder Judicial y, sobre todo, pone en muy mal lugar a los consejeros que el sábado mediaron para evitar poner en la picota a Dívar con una votación en la que pudiera salir malparado. En cierta forma, explican fuentes del Consejo, el presidente ha enviado la pelota al tejado de los cinco miembros de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que el sábado le pidieron que diera su brazo a torcer.

Manuel Almenar, Pío Aguirre, Miguel Collado, Gemma Gallego y Antonio Montserrat creían haberle convencido para dimitir el jueves antes de que se lo pida el Consejo y esa fue la idea que transmitieron a sus compañeros. De hecho, incluso los 'rebeldes' permitieron que no se votara su salida aunque estaba en el orden del día porque tenían la garantía de los cinco magistrados de la APM, hasta entonces fieles a Dívar, de que éste dejaría esta semana su cargo, una vez que presidiera los actos del bicentenario del Supremo.

Con la nueva vuelta de tuerca del presidente, incluida su aparición en los medios de comunicación para asegurar que «yo no he anunciado que me vaya a marchar», los cinco vocales de la APM ya han comentado que están dispuestos a apoyar sin ambages la propuesta de los consejeros 'rebeldes' de «instar» a Dívar a que abandone el cargo por la falta de explicaciones sobre sus viajes. Se trata de la moción más suave de las dos que se debaten, la otra es su remoción pura y dura por el grave incumplimiento de sus obligaciones, y no supone una recriminación en sí por endosar los gastos de los viajes, algo que es «asumible» por los hasta ahora fieles a Dívar.

Con esta nueva correlación de fuerzas, el jueves podrían forzar a Dívar a marcharse aunque él decidiera quedarse. A los votos de los cinco vocales 'rebeldes' se sumarían los de los dos consejeros propuestos por los nacionalistas catalanes y vascos, Ramón Camp y Margarita Uría, y los cinco de la APM. Alcanzarían así los doce votos necesarios para echarle, tres quintos de los veinte miembros del Consejo del Poder Judicial.

Un escenario, el de la salida forzosa, en el que van a trabajar hasta última hora los conservadores para evitarlo. En cualquier caso, entre los miembros del APM todavía es mayoritaria la idea de que el presidente del Consejo cumplirá el trato entre caballeros contraído y dimitirá, como les dio a entender, aunque no se lo prometiera ni mucho menos lo escribiera.