EL JUEZ, EL GOBIERNO Y EL REY
Actualizado:La resistencia de Carlos Dívar a dejar la jefatura del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo ha generado un serio problema no solo a los jueces sino al Gobierno y a la Casa Real.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha pasado de la defensa cerrada de la máxima autoridad judicial -Alberto Ruiz Gallardón se ha cansado de alabar sus muestras de «responsabilidad»- a desear con todas sus fuerzas que se marche. Más de uno en el palacio de la Moncloa no concilia el sueño ante la perspectiva de que la prensa internacional recoja con lujo tipográfico que el presidente del Supremo español dimite por protagonizar un caso de corrupción. La ya vapuleada imagen del país sufriría un revolcón en un flanco por el que nunca se debió temer.
Eso sumado a las calamitosas noticias económicas y financieras fechadas en Madrid forman un 'gólgota' de malas nuevas que para nada contribuye al éxito de esa 'marca España' que con tanto mimo se pretende lanzar al mundo y que por unas razones o por otras se aplaza y se vuelve a aplazar.
Solo los éxitos deportivos cotizan al alza en el parqué del prestigio internacional, pero ese tipo de victorias no conmueven en las instituciones financieras ni en los mercados de la deuda.
También la Casa del Rey ha seguido con lupa la evolución del 'caso Dívar'. No es para menos. La agenda de don Juan Carlos tiene marcado para mañana que debe asistir al bicentenario de la creación del Tribunal Supremo y su anfitrión será su vilipendiado presidente.
La Zarzuela se prepara para los comentarios de la calle, cuando menos irrespetuosos por decir algo fino, sobre la fotografía del Rey, tocado como nunca también por sus actividades privadas, con un presidente del Poder Judicial en precario y en vísperas de una dimisión forzada y vergonzante por gastarse el dinero de todos en disfrutes privados de fin de semana.
Al final, las excursiones 'caribeñas' del presidente del Consejo del Consejo General del Poder Judicial van a ser más que eso, y la factura, a efectos institucionales, bastante más elevada que esos 28.000 euros presuntamente malversados en Marbella y otra docena de ciudades.