DÍVAR SE RINDE

Carlos Dívar al final dio su brazo a torcer, pero le costó. Y mucho. Abandonado incluso por sus más fieles, más solo que nunca e incapaz de dar una explicación medianamente convincente sobre sus gastos con fondos públicos en viajes privados, el presidente todavía defendía ayer que no iba a dimitir porque nunca cometió irregularidades y porque ni siquiera se sentía merecedor de un reproche. Lo hacía antes del pleno extraordinario del órgano de gobierno de la judicatura que debía debatir y votar ayer dos mociones sobre su dimisión por haber cargado a las cuentas del Consejo 28.000 euros gastados en 32 viajes de fin de semana privados. Al final aceptó irse. Eso sí, sin pedir perdón, a regañadientes y con condiciones: no se marchará hasta el jueves, después de recibir al Rey en los actos del bicentenario del Supremo de mañana.

Su encastillamiento y desconexión con la realidad fueron demasiado, incluso para los vocales más conservadores del Consejo, los mismos que hasta el último minuto le habían prometido que sus votos le blindarían ante el nuevo envite de los ya seis consejeros 'rebeldes'. Pero el nuevo escándalo destapado el martes con otros 15.000 euros en otra docena de viajes fue demasiado. Antes de que ayer empezara el pleno, cinco de los seis miembros de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura intentaron convencer a Dívar de que tirara la toalla y que se centrara en buscarse una salida airosa porque la situación de desgaste del Poder Judicial y de la judicatura en su conjunto era ya insoportable.

Pero todo fue en vano hasta que esos vocales le hablaron muy claro. O se marchaba por iniciativa propia o le dejarían en una situación muy incómoda, ya fuera apoyando una de las dos mociones de los 'rebeldes' que ayer debían debatirse, la más suave que le instaba a abandonar su cargo por la falta de explicaciones de sus suntuosos viajes de 'semana caribeña'; ya fuera absteniéndose y creando una situación insostenible con un presidente que, aun legalmente en el puesto, tendría un Consejo con más vocales que pedían su dimisión que apoyándole.

Dicen que solo en ese momento y tras 37 días de controversia, Dívar se cayó del caballo y entendió que sus viajes le habían costado el puesto, que sus horas al frente del Poder Judicial estaban contadas y de que nada le servía ya parapetarse una y otra vez en la decisión de esta semana del Supremo de no investigar su actuación o en la de la Fiscalía, que resolvió no abrir diligencias al no ver delitos en esos gastos.

Y a partir de ahí, aceptada la situación, comenzaron a discutirse las «condiciones del despido». Los conservadores querían que todo estuviera bien amarrado antes del pleno para evitar que esa reunión, y sobre todo la votación, se convirtiera en un nuevo campo de batalla que deteriora aún más la ya dañada imagen del Consejo General del Poder Judicial. Querían que los vocales no llegaran a echar a su presidente. Ni siquiera que le «instarán» a marcharse. Que él se fuera por el interés general.

La fórmula elegida ayer fue un poco heterodoxa. Durante las dos horas y media que duró el pleno, y en las que Dívar tuvo que aguantar el chaparrón de 14 vocales que afearon su actitud, se pactó llegar a un acuerdo unánime entre los veinte vocales. El objetivo era evitar la doble votación y reenviar estas mociones al pleno extraordinario del próximo jueves, una reunión que el propio Dívar había convocado con el orden del día de «analizar la situación del consejo», no la suya. Antes de que se produzca esa incómoda votación el jueves, Dívar deberá presentar su dimisión, sin dar lugar a que se la pidan. O al menos ese es el acuerdo entre caballeros. No está escrito en ningún sitio.

Esta maniobra, en realidad, solo alarga su agonía al frente del Poder Judicial, pero también supone una pequeña victoria para Dívar dentro de la gran derrota. Él será el que dimita en el pleno que había convocado y no en el que le 'habían convocado' los vocales que han terminado consiguiendo su cabeza, empezando por el jefe de la revuelta, José Manuel Gómez Benítez, el vocal que denunció la malversación ante la Fiscalía hace cinco semanas.

Además, neutraliza el intento de esos 'rebeldes' de que no fuera Dívar la autoridad que mañana reciba al Rey a las puertas del Supremo en los actos del bicentenario de la creación del alto tribunal, unos fastos que el todavía presidente se ha encargado de supervisar en persona y que no quiere perderse por nada del mundo.

Eso sí, su presencia en ese evento se ha vuelto particularmente incómoda, sobre todo para la Casa Real, pero también para el Gobierno. Sin duda la foto más buscada será la de un presidente del Poder Judicial 'dimitido en funciones' con la de un Monarca que tampoco pasa por sus mejores momentos.

El documento

Pactadas las «condiciones del despido», incluida su participación en el bicentenario, solo quedaba plasmarlas en el papel y anunciarlas. Y no iba a ser él quien las diera a conocer a la opinión pública. Como ya ha hecho en otras ocasiones desde que comenzó el escándalo, fue la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, la que dio la cara para leer el extraño acuerdo de «unanimidad».

Un breve texto en el que el órgano de gobierno de la judicatura deja patente que el «sentir mayoritario» en ese órgano es que su presidente ha «perdido la confianza» de sus compañeros. Dívar, por escrito, se dio por enterado. «Participo -reconoció en su escrito- del criterio de todos los que han hablado y comparto que la situación es insostenible. Está bastante claro lo que quiero decir y la próxima semana anunciaré una postura rotunda y contundente». Todos entendieron que hablaba de su dimisión.

Las eufemísticas palabras del presidente aplacaron a los 'rebeldes', que permitieron aplazar las votaciones, aunque cinco de ellos, Félix Azón, Inmaculada Montalbán, Carles Cruz, Margarita Robles y Margarita Uría, emitieron un voto particular concurrente expresando su disconformidad por el hecho de que ayer mismo no se «hubiera materializado la dimisión».

Pero los 'rebeldes', a cambio de dignificar la salida de Dívar, no se mordieron la lengua dentro del pleno. Los cuatro proponentes de la moción que no se llegó a votar, Azón, Cruz, Montalbán y Robles, leyeron un manifiesto conjunto en el que aseguraron que los viajes del presidente y su falta de explicaciones son «incompatibles con los principios de transparencia y austeridad exigibles a todo responsable público». Su actitud «ha acarreado la percepción pública de abuso y arbitrariedad en la utilización de los recursos públicos», llegaron a asegurar.