Todos los grupos le urgen a explicar sus gastos en el Congreso

El PP ha desistido de ser el parapeto político que libre a Carlos Dívar de dar explicaciones en el Congreso sobre sus viajes de fin de semana a Marbella y otras ciudades españolas, parte de cuyos gastos fueron sufragados con dinero público.

El Congreso acordó ayer por unanimidad pedir al máximo responsable del Poder Judicial que acuda «a la mayor brevedad posible» a la Comisión de Justicia para dar cuenta del capítulo de actividades de la Presidencia de la memoria de 2011, que entre otros aspectos incluye sus viajes y gastos protocolarios.

Como señaló el portavoz socialista Julio Villarrubia, «la pelota ahora está en el tejado de Dívar» y su presencia en la cámara es una cuestión de «voluntad personal y política». La citación es directa y urgente. Ya no le cabe ampararse en que las Cortes no le han requerido.

Solo tiene dos opciones. O acudir de inmediato o bloquear la comparecencia hasta el otoño, con el argumento de que la memoria de 2011, razón formal por la que le citan, aún no está acabada ni será entregada al Rey hasta septiembre. La oposición ya ha advertido de que si dilata la comparecencia todo el mundo sabrá que no es más que «una excusa» para eludir las explicaciones.

El cambio de postura de los populares ha sido radical. Después de casi un mes de frenar en la Mesa del Congreso cualquier petición de comparecencia de Dívar con la excusa de que se intentaba controlar desde el Parlamento a otro poder del Estado, el martes aprovecharon la habilidad del diputado de IU Gaspar Llamazares para basar su solicitud de comparecencia en la memoria del Consejo, petición que ayer respaldaron los populares en el Comisión de Justicia junto a toda la oposición. El giro del PP coincide con el aumento del desgaste político y de las presiones internas sobre Dívar y con la existencia de cuatro jueces del Tribunal Supremo, una minoría, que ve indicios de posible comisión de un delito de su presidente.

El Gobierno no tiene ningún interés en que el presidente del Consejo dimita ahora, pero el PP tampoco quiere convertirse en el único defensor de una alta autoridad impopular y acorralada por las sospechas de aprovechamiento privado del cargo. El Ejecutivo hará lo posible por evitar su caída. Lo último que necesita añadir a la emergencia económica es una profunda crisis institucional en el Poder Judicial y anticipar un año la compleja renovación de este órgano, antes además de haber acabado la profunda reforma que va a introducir en su funcionamiento y sistema de elección.