La infanta es la nueva presidenta de la firma utilizada para vaciar 'Nóos'

El futuro judicial de Cristina de Borbón podría complicarse a cuenta de una maniobra empresarial inscrita hace solo unos días en el Registro Mercantil. La infanta no es una mera socia al 50% de su marido en la inmobiliaria Aizoon, la empresa que supuestamente Iñaki Urdangarin utilizó para desviar 600.000 euros de dinero público desde el Instituto Nóos obtenidos a través de facturas ficticias por trabajos nunca realizados para los gobiernos de Baleares y Valencia.

La hija del Rey es desde el 30 de junio de 2011 la presidenta de la sociedad en sustitución de su marido, según el acuerdo de la «reunión de la Junta General Ordinaria» de esta empresa. El documento se presentó el 25 de mayo en el Registro Mercantil de Barcelona y es del puño y letra, incluida la rúbrica, de Iñaki Urdangarin. El duque de Palma, como «administrador» de la empresa y con la «firma de todos los socios», también de doña Cristina de Borbón, designa a la infanta como presidenta. La hija del Rey aceptó el cargo. El texto fue registrado ante notario el pasado 16 de mayo en Barcelona, casi un año después de la reunión. En ese mismo acuerdo por «unanimidad», pues solo votan ellos, Aizoon nombró a Urdangarin como «secretario» de la sociedad bajo sospecha.

Hasta ese momento, el yerno del Rey era el administrador único y presidente de la sociedad, único responsable por tanto de Aizoon, mientras que la infanta era «secretaria» de la empresa.

Este nombramiento para designar como máxima responsable de la empresa a la infanta coincide en el tiempo, explican fuentes que trabajan en el caso, con el inicio de la investigación, entonces secreta, por parte de Anticorrupción y el juez José Castro. El 11 de julio del año pasado, solo once días después de que la infanta Cristina se convirtiera en presidenta de Aizoon, el socio de Urdangarin, Diego Torres, declaró como imputado ante Castro. En el interrogatorio, el magistrado y la Fiscalía asaetearon a preguntas al socio del duque sobre los dos contratos del Instituto Nóos con el Gobierno insular para organizar los Forum Illes Balears en 2005 y 2006 por valor de 2,5 millones de euros, unas adjudicaciones que son el origen de la denominada pieza 25 del 'caso Palma Arena'.

En aquella declaración, que a la postre también fue la génesis de la 'operación Babel', Torres confesó, ante la insistencia de Anticorrupción, que, aunque ninguno de los directivos de Nóos cobró por «funciones de gerencia», Urdangarin sí que facturó a Nóos por «los servicios prestados a través de la empresa de la que es administrador, llamada Aizoon, en razón de los estudios y dirección de proyectos que realizó».

Los responsables de la investigación sospechan que el nombramiento de doña Cristina como presidenta responde al interés de los dueños de Aizoon por parapetar la sociedad bajo sospecha tras el nombre de la hija del Rey. Una maniobra similar a la que por esos días en los que comenzaba la investigación hizo Urdangarin para preservar su caro palacete de Barcelona. El 12 de agosto de 2011, el Boletín Oficial del Registro Mercantil anunció que Aizoon cambiaba de sede desde el inmueble de Pedralbes, vivienda del matrimonio en España, al piso de la calle Balmes 224 de la capital catalana, donde están radicadas casi todas las empresas de la 'trama Nóos'.

Al margen

Hasta ahora, la infanta Cristina ha permanecido al margen de la investigación del instituto Nóos, a pesar de que la acusación popular del caso, Manos Limpias, había pedido que fuese llamada a declarar. El pasado marzo, el juez rechazó imputar a la hija del Rey tras constatar que «no existen indicios» de que «conociese la conducta supuestamente ilícita de su marido». Castro, que llegó a señalar que citarla a declarar «carecería de sentido y solo conduciría a estigmatizar gratuitamente a una persona, lo que no es de recibo», justificó apartar de este sumario a la infanta Cristina porque «el solo hecho de participar en un ente asociativo sin ejercer en el mismo funciones ejecutivas no genera para el simple partícipe responsabilidad criminal».

También arguyó por entonces el magistrado que «es escasamente probable que, siendo Iñaki Urdangarin y su esposa los únicos partícipes de la entidad mercantil Aizoon, tuviera algo que formalmente se pareciera a Juntas Ordinarias o Extraordinarias, menos aún que doña Cristina Federica de Borbón y Grecia redactara unas actas de lo tratado de las que diera lectura su esposo, y descabellado sería que, para el improbable caso de que alguna de estas Juntas se celebrara, se consignaran en ellas acuerdos sobre supuestas intencionalidades delictivas o el análisis económico de sus resultados». El documento ahora incluido en el registro habla de una «reunión formal de la Junta General» en la que los «socios» por «unanimidad» y con sus «firmas» toman decisiones, incluida la de «aprobar las cuentas anuales y el informe de gestión» de la inmobiliaria usada para vaciar la fundación sin ánimo de lucro.