Una prioridad 24 veces olvidada

Cualquiera que conozca la realidad social de Cádiz sabe que una de sus prioridades absolutas, desde el último tercio del siglo XX, ha sido la reconstrucción de su maltrecho parque de viviendas. La lucha contra los partiditos y los pisos infames en los que muchos ciudadanos estaban condenados a vivir en situaciones tercermundistas ha sido un compromiso inviolable para todas las administraciones públicas. De hecho, durante la primera mitad de la década pasada, el Ayuntamiento logró establecer una colaboración estable y saludable con la Junta de Andalucía que facilitó la reforma y dignificación de cientos de viviendas.

Sin embargo, el gobierno autonómico ha sido incapaz de mantener una de sus pocas gestiones positivas en la capital gaditana. Cuando han llegado los momentos duros para las finanzas, ha sido impotente para mantener esa prioridad. En vez de eliminar un millar de gastos superfluos (una gran mayoría lo son en comparación con el derecho constitucional a una vivienda digna), la Junta de Andalucía se enreda en una letanía de excusas para justificar lo injustificable.

Esa circunstancia sin explicación es que en Cádiz, con su parque de viviendas, hayan caducado hasta 24 licencias de obras para reformas o construcción porque la administración autonómica ha apurado el plazo de ejecución sin mover un solo ladrillo, hasta el punto de que han expirado. En algunos casos, como el sangrante de la degradada calle San Juan, ha sucedido hasta dos veces con el mismo proyecto. Por más dificultades económicas y financieras que tenga, la reforma de viviendas deprimentes debe estar entre los últimos gastos a recortar. De lo contrario, la Junta nunca podrá llamarse socialista. Ni siquiera podrá tener una digna política social.