![](/cadiz/prensa/noticias/201206/13/fotos/4730323.jpg)
El portavoz del PP valenciano deja su cargo antes de ser imputado
La juez ve indicios de que Rafael Blasco pudo participar en el desvío de fondos destinados a proyectos de cooperación
VALENCIA. Actualizado: GuardarEl presunto caso de corrupción en los fondos públicos de Cooperación salpicó de lleno al portavoz del PP en las Cortes valencianas, Rafael Blasco. La juez aprecia indicios para imputarle hechos delictivos y de no ser aforado en el Parlamento regional ya sería una más de las 27 personas, algunas altos cargos de la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que se encuentran imputadas en la causa.
La providencia dictada el pasado lunes por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia supone el inicio del proceso que puede terminar en la imputación de quien fue responsable de la Consejería entre 2008 y 2011 y desde donde se produjo el supuesto desvío de fondos destinados a proyectos de cooperación en el tercer mundo.
De momento y ante esta nueva situación Blasco ya ha delegado sus funciones como portavoz hasta que se aclare la situación, una renuncia que será definitiva, según anunció el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de hacerse efectiva la imputación. La titular del juzgado, en un breve escrito, tomó ayer dos decisiones. La primera, solicitar a las Cortes que acredite la condición de diputado de Blasco. La otra petición ya tiene más enjundia para la causa. Se trata de escuchar la posición del Ministerio Fiscal acerca de si considera, igual que la jueza, que existen «indicios en la causa para imputar hechos de naturaleza delictiva a Rafael Blasco».
La instructora dio diez días de plazo para que los dos fiscales Anticorrupción que han llevado el caso desde su inicio, hace más de un año, extraigan sus conclusiones respecto al exconsejero de Justicia. El Ministerio Público informará a favor de que se envíe el asunto al Tribunal superio de Justicia porque considera que Blasco participó de manera más o menos directa en la trama del desvío de ayudas.
Una vez se reciba el informe del Ministerio Fiscal, el siguiente paso es una exposición motivada por parte de la titular del juzgado. Se trata de un resumen de los indicios que apuntan a la participación del exconsejero en la trama de desvío de ayudas. Pueden ser diferentes o compartidos a los que ya expongan los fiscales en sus escritos. Lo habitual es que coincidan en lo esencial. No parece que esta exposición motivada pueda retrasarse demasiado tiempo. Y, de ahí, ese escrito con el resto de la causa pasaría a la Sala de lo Civil y Penal.
Pinchazos telefónicos
Blasco conoció que era investigado el pasado febrero, cuando la juez ordenó una serie de detenciones, entre ellas la de Josep María Felip y la de Marc Llinares, altos cargos de la Consejería, por el supuesto desvío de fondos. Por aquel entonces, los principales sospechosos de la red, dirigida por el empresario Augusto César Tauroni, ya se encontraban con los teléfonos pinchados desde hacía meses. Algunas de estas intervenciones telefónicas demuestran el escaso aprecio de los detenidos por la Cooperación.
Sin duda, la estrecha relación que mantenía el entonces consejero y el cabecilla de la trama es uno de los datos que invitan a pensar en la participación o colaboración con el grupo delictivo. Otro de los indicios parten de los testimonios de los testigos que prestaron declaración. Son varios los técnicos de la Consejería que recuerdan una reunión en verano en la que les instó a que firmaran unas actas para conceder subvenciones.
Todavía no se conoce el montante total del fraude, pero rondaría entre los cinco y los siete millones de euros por subvenciones concedidas desde 2008 a 2011 a diferentes entidades. Tampoco se conoce dónde se encuentra todo ese dinero. Parte se invirtió en dos apartamentos en Miami y un yate que figuraba a nombre de compañías vinculadas a Tauroni. Otro millón de euros se destinó a la compra de cuatro inmuebles en Valencia.
Los arrestados elaboraron presuntamente facturas y presupuestos para las ONG con los que podían justificar supuestos gastos a la hora de solicitar las ayudas para cooperación. Las obras o bien no se llegaron a hacer nunca o se hincharon los precios, según consta en el sumario.