La Fiscalía reclama al Supremo que archive la querella contra Dívar

La Fiscalía reclamó ayer al Tribunal Supremo que archive la querella contra Carlos Dívar por considerar que el presidente del Poder Judicial no cometió delito de malversación alguno en la veintena de viajes que realizó a Marbella entre 2008 y 2012, parte de cuyos gastos de desplazamiento, estancia y manutención fueron sufragados con fondos públicos.

El Ministerio Público destaca que no hay un solo elemento en la documentación analizada que permita determinar que el también presidente del Supremo se aprovechó del cargo y de sus gastos de protocolo para realizar viajes privados, como sospechan los querellantes de la asociación de abogados Preeminencia del Derecho. Los argumentos son idénticos a los usados el mes pasado por la Fiscalía para archivar las indagaciones sobre los viajes de Dívar abiertas tras la denuncia del vocal del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez. El informe, firmado por el teniente fiscal del alto tribunal, Juan José Martín Casallo, indica que «la no necesidad de acreditar el motivo del viaje» de la que disfrutan los vocales del Poder Judicial desde 2006 y la falta de reparo alguno de la Intervención del Estado a los gastos presentados por Dívar impiden dudar de su palabra, cuando asegura que todos fueron viajes en función del cargo, o exigirle justificaciones a posteriori de cada desplazamiento, alojamiento o persona a la que agasajó en las cenas, cuando en algún caso ha pasado incluso más de tres años.

Martín Casallo dice que es la propia falta de control con la que se diseñó el sistema de gastos del Consejo la que ahora le impide hacer un examen detallado del uso real del dinero público, por lo que recomienda un nuevo procedimiento en el que se fije de manera «taxativa» la justificación de los gastos, lo que permitiría ver después si la ley se cumple o se producen excesos.

El teniente fiscal hace un guiño a Dívar, con quien parece coincidir en su afirmación de que «es presidente del Poder Judicial las 24 horas del día». Martín Casallo cree que en el caso de las autoridades públicas, a diferencia de los funcionarios, «a veces es muy difícil de separar o delimitar la actividad pública de la privada a los efectos de establecer cuándo debe darse por terminada una para entender comenzada la siguiente». Considera que en el caso de Dívar y del resto de autoridades los límites son «más imprecisos, más borrosos». Este informe será uno de los elementos de peso que tendrá sobre la mesa la sala de admisiones del Supremo cuando se reúna el lunes para debatir si archiva la querella contra su presidente o inicia una investigación penal.

Presiones internas

La resolución de la sala marcará el futuro de Dívar. El máximo responsable del Poder Judicial ha decidido aguantar las presiones internas y las de la oposición parlamentaria y solo dimitirá por el escándalo si el Supremo abre una causa contra él, porque, con independencia del desenlace de las pesquisas, supondría su imputación.

El PSOE, por su parte, basará el martes la reclamación a la Mesa del Congreso para que reconsidere la negativa a permitir la comparecencia de Dívar en las palabras del propio presidente del Poder Judicial en su primera visita a la cámara, en 2009. Cree que, con independencia de que la doctrina del Constitucional les da la razón, el diario de sesiones tira por tierra la excusa usada por el PP para el veto: la imposibilidad de controlar a otro poder del Estado.

«Vendré cuantas veces se me pida y sea necesario, contestando siempre a cuestiones que afectan al Consejo y a la organización de los tribunales», prometió Carlos Dívar entonces. «La fluidez de la comunicación entre el Consejo y las cámaras es algo que estimo fundamental», concluyó el mismo presidente de la judicatura que hoy no piensa ir al Congreso salvo que se vea obligado a ello.