Ordóñez reconoce errores pero carga contra el Gobierno

«Yo no puedo decir que el Banco de España, en su tarea de supervisión, no haya podido equivocarse en ocasiones, pero sí puedo asegurar que sus decisiones han estado siempre basadas en criterios profesionales», defendió el gobernador del instituto emisor en el último discurso de su mandato, el que ha servido de presentación a su informe anual. La comunicación coincidió con los rumores de un inminente rescate a la banca española, inmersa en un largo proceso de reconversión y necesitada de saneamientos extraordinarios. Simultáneamente, el Consejo de Ministros se daba por enterado de la propuesta, formulada al Rey por el jefe del Ejecutivo, para poner a Luis María Linde, un reputado técnico, al frente del Banco de España.

Miguel Fernández Ordóñez, que ha tenido una muy difícil coexistencia con el Gobierno de Rajoy, acompañó este relativo reconocimiento de culpa con una carga de profundidad hacia el Ejecutivo. A su juicio, «el bajo nivel de confianza al que hemos llegado en los últimos meses y semanas hace que la resolución de los problemas fiscales y financieros se haya vuelto más difícil y costosa». Cree que, en estos delicados momentos, «la variable más crítica no es, por grave que sea su evolución reciente, ni el crecimiento ni el paro, sino el deterioro de la confianza». Por eso aconseja que el objetivo prioritario de todas las autoridades debe ser su recuperación, «pues sin ella no será posible reemprender el crecimiento y la creación de empleo». En definitiva, advirtió de que «el impacto potencial sobre la confianza» debe ser un criterio de primer orden que determine «cualquier acción de las autoridades, representantes políticos y agentes económicos». Una recomendación que supone otro reproche al torbellino de declaraciones que en los últimos días han protagonizado desde ministros a portavoces parlamentarios del partido en el poder.

El gobernador saliente ha aprovechado la ocasión para pedir nuevamente que le dejen explicar en el Parlamento las circunstancias que llevaron a la nacionalización de Bankia. Lo solicitó por carta a la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso y ahora reitera la demanda, tras haber visto bloqueada por el PP la iniciativa. «El respeto a la independencia de los entes reguladores debe ir acompañado inexcusablemente de una obligación por parte de los mismos de rendir cuentas ante el Parlamento del desempeño de sus funciones», observó. Y reivindicó esta rendición de cuentas ante los representantes de la nación por considerarla «no solo una obligación, sino también un derecho», con el argumento de que la transparencia permite salvaguardar la independencia del Banco de España de las posibles interferencias de autoridades y grupos de interés.

Fernández Ordóñez atribuyó la prolongación de las dudas sobre la calidad de los activos inmobiliarios de los bancos a «la recaída en una doble recesión, la insuficiente reducción del déficit público y la continuación de los efectos de la crisis soberana». Y destacó que, mientras la imagen de los grandes bancos españoles se ha mantenido por encima de la de los 23 mayores del mundo durante la crisis, «en las últimas semanas se ha entrado en una espiral de caídas de las calificaciones y se han extendido las dudas sobre la totalidad de nuestro sistema bancario». Fue otro reproche a las autoridades políticas.

El salario bruto anual del gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez se elevó a 176.000 euros, según reflejan las cuentas del instituto emisor que acompañan al informe anual. Por otro lado, en 2011 el Banco de España ganó 2.400 millones de euros, un 6,6% menos que en el ejercicio precedente.