El ministro de Educación, José Ignacio Wert, conversa con la presidenta de la Conferencia de Rectores, Adelaida de la Calle. :: KIKO HUESCA / EFE
Sociedad

El Gobierno rechaza aplicar una moratoria en el aumento de las tasas universitarias

El ministro Wert recupera el diálogo con los rectores tras el plante protagonizado por estos hace dos semanas

MADRID. Actualizado: Guardar
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Esta vez sí. Los rectores de las universidades se reunieron ayer con el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para discutir sobre el decreto-ley de racionalización del gasto aprobado por el Gobierno el 20 de abril después del plante de hace dos semanas. Y tras cuatro horas de reunión salieron del Ministerio satisfechos con las formas tras recuperar el diálogo, pero sin cambios en el fondo más allá de la creación de un grupo de trabajo únicamente para clarificar los detalles técnicos de la normativa. Su propuesta de aplicar una moratoria a la subida de las tasas de las matrículas obtuvo una rotunda negativa.

«Hemos vivido un clima de cordialidad y entendimiento», aseguró Wert, quien negó haber pedido perdón por no haber querido discutir este tema hace dos semanas. «Todos hemos estado de acuerdo en que hay que aplicar la legislación», explicó el titular del departamento. Y esa aplicación comprende el aumento de las tasas universitarias de manera inmediata.

El Ministerio rechazó la propuesta de los rectores de aplazar un año la entrada en vigor de ese aspecto o de aplicarla solo a los alumnos de nuevo ingreso. «No hemos tenido suerte en ese sentido», explicó la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Española, Adelaida de la Calle. «Hemos pedido al ministro una moratoria de un año para aplicar estos cambios, pero el ministro no lo ve así», explicó el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, José Antonio Franco.

El decreto contempla un aumento en primera matriculación de entre el 15% y el 25%, que repercutirá en un incremento de hasta 600 euros para el alumno. El porcentaje elegido deberá ser calculado directamente entre las universidades y las comunidades autónomas. Los gobiernos regionales deberán realizar una doble evaluación. Por un lado, calcular el coste real de cada asignatura. Por otro, elegir el porcentaje a aplicar entre esa horquilla del 15% y el 25%. «Son las comunidades las que deben clarificar en qué punto de la horquilla se quieren situar cada una», aseguró Wert. El ministro fue tajante con respecto a las dudas planteadas por algunas comunidades sobre cómo elaborar esos cálculos: «Saben perfectamente como calcularlo».

El aumento de las tasas es progresivo. En el caso de una segunda matrícula de una asignatura el precio deberá cubrir entre el 30% y el 40% del coste. La tercera entre el 65% y el 75%, y en caso de una cuarta el alumno abonará entre el 90% y el 100%.

En lo que sí hubo acuerdo es en la creación de una comisión mixta de urgencia presidida por la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, y en la que también participarán los rectores. El objetivo de este grupo de trabajo, que probablemente empezará a funcionar el próximo día 13, se limitará, según el ministro, a «clarificar y disipar las dudas sobre los detalles técnicos» del decreto.

Premura

La idea es que este grupo de trabajo comience a trabajar de manera inminente, probablemente la próxima semana. La necesidad de tanta premura se debe al poco margen de maniobra, poco más de tres meses, del comienzo del nuevo curso. Esa comisión mixta también se ocupará, en especial, de lo relacionado con el régimen del profesorado. Los funcionarios docentes sin sexenio en activo deberán aumentar su dedicación docente de 24 a 32 créditos al año. Aquellos que acrediten estar investigando mantendrán los 24 créditos actuales.

En cualquier caso, con la reunión de ayer, ambas partes recuperan el diálogo para evitar «una crisis institucional», que según advirtió Wert, no beneficia a ninguna de las partes. El ministro llevaba varios días lanzando mensajes conciliadores y de diálogo. El pasado día 1 de junio ya hubo un primer contacto entre la CRUE y la secretaria de Estado de Educación. Y es que la estrategia del Gobierno parece clara. Recuperar el diálogo, pero mantener el decreto que permita recortar 3.000 millones en este departamento.