El Gobierno apoya que los exiliados por terrorismo voten en Euskadi

«El Gobierno se mueve por el interés de hacer justicia y reparar el daño causado a aquellos que se vieron obligados a abandonar el País Vasco por culpa de ETA. No lo hace por mezquindad electoral». Así justificó ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el propósito del Ejecutivo de dar derecho al voto a todos aquellos vascos que abandonaron su tierra huyendo de la violencia terrorista.

Tal y como reconoció el propio ministro, la cuestión presenta serias dudas técnicas y jurídicas al dar la posibilidad de votar a personas que viven en comunidades diferentes a Euskadi. Para estudiar si estas pueden superarse se ha encomendado un estudio de la propuesta al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Y hasta que este emita un dictamen poco o nada se sabrá sobre cómo podrá hacerse realidad una iniciativa que a simple vista presenta innumerables interrogantes. El primero de ellos, decidir quién podrá tener derecho a votar y quién no. Como ejemplo de superación de estos obstáculos Fernández Díaz aludió a la ley de partidos, «que ha resultado decisiva para la derrota de ETA, a pesar del escepticismo inicial que existía acerca de la viabilidad de una disposición legal como esta».

«Mezquindad»

También deberá vencer el rechazo de los nacionalistas vascas, que han definido la medida como electoralista y la han tachado de «mezquindad». Aducen que a nadie se le puede escapar que la mayoría de estos votos irían casi en su totalidad al PP y, en menor medida, del PSOE. A modo de respuesta Fernández Díaz reiteró ayer que no existen intenciones partidistas, al margen de reparar el daño causado a las víctimas, y llegó a citar, también en varias ocasiones, al ex primer ministro británico Winston Churchill: «El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones». Aunque el titular del Interior se negó a hacer públicas las estimaciones que maneja su departamento sobre el número de personas, se habla de hasta 200.000, a las que puede afectar la reforma, sí aseguró que se trataría de «una cifra no desdeñable». Pero «bastaría con que un solo vasco lo hubiese solicitado», añadió.

De encajar en el marco jurídico, el ministro aseguró que la propuesta saldrá adelante aunque sea haciendo uso en solitario de la mayoría absoluta del PP en el Congreso y el Senado. No descartó, en cualquier caso, negociar para sumar el apoyo del PSOE.