Dívar solo dejará el Consejo si el Supremo admite la querella

El futuro de Carlos Dívar está en manos del tribunal que él mismo dirige. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo no piensa sucumbir ni a las presiones políticas, por mucho que arrecien con fuerza en los últimos días, ni a las demandas de dimisión que empiezan a llegar desde el mundo jurídico, ni a las que le plantean sus vocales desde el propio órgano de gobierno de los jueces.

Sabe incluso que aun aquellos compañeros que no le atacan no están dispuestos a salir en su defensa. Pese a todo, no se siente culpable de irregularidad alguna y no piensa caer por que lo pida la oposición parlamentaria, sobre todo después de haber logrado neutralizar, que no sofocar, una revuelta interna en el Poder Judicial.

Solo abandonará sus cargos si el Supremo ve indicios de delito en el pago con fondos públicos de la veintena de viajes a Marbella que realizó en los últimos tres años y, en consecuencia, la Sala de lo Penal decide comenzar a tramitar la querella por estafa o malversación de fondos que presentó el 31 de mayo la asociación de abogados Preeminencia del Derecho.

La mera apertura de esta investigación penal, con independencia de su desenlace, significaría que tarde o temprano sería citado a declarar ante el magistrado instructor y que tendría que serlo, por obligación legal, en calidad de imputado. Un presidente del Supremo imputado por el tribunal no solo es algo inédito sino insostenible para la institución que ocupa la cúspide del sistema judicial español, según todas las fuentes consultadas.

El paraguas del Gobierno

La única presión política que podría hacerle cambiar de opinión sería la del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pero eso no está por el momento en los planes del Gobierno. El titular de Justicia se replantearía su actual apoyo si el Supremo, contra todo pronóstico, decide abrir la vía penal que rechazó utilizar en mayo la Fiscalía General del Estado, cuando no observó delitos en el abono por parte del Consejo de los desplazamientos a la Costa del Sol de su presidente y en el pago de sus hoteles y cenas en establecimientos de lujo.

El Ejecutivo y el PP decidieron desde el primer día que este escándalo no debía terminar en una crisis institucional. Prueba de ello no es solo la ausencia de críticas o presiones a Dívar sino el trabajo decisivo de los nueve vocales del Consejo propuestos por los populares para derrotar la revuelta interna que perseguía su dimisión, así como el uso reiterado de la mayoría absoluta en el Congreso para liberar al presidente del Poder Judicial de dar explicaciones sobre sus gastos y del interrogatorio del resto de grupos parlamentarios.

El PP, no obstante, comienza a abrir la puerta a cualquier desenlace de este asunto. El partido que soporta al Gobierno es consciente de la impopularidad del 'caso Dívar', que el miércoles reflejó a las claras el barómetro del CIS. «El PP ni presta ni resta confianza al presidente del CGPJ, lo respeta», declaró ayer el vicesecretario del partido, Esteban González Pons. El mismo respeto, matizó, tendrá por la decisión que tome en breve el Supremo.

Y ese momento no se hará esperar. El alto tribunal analiza ahora toda la documentación sobre los viajes a Marbella de Dívar que le ha remitido la Fiscalía y trabaja con la intención de tomar una decisión sobre la admisión o no a trámite de la querella durante la próxima semana, incluso en los primeros días.

El órgano que debe dilucidar si observa o no indicios de delitos en el comportamiento de Dívar es la llamada sala de admisiones, que, en la actualidad, está dirigida por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, quien además redactará la ponencia de resolución sobre la que debatirán el resto de los magistrados: Perfecto Andrés, José Ramón Soriano, José Manuel Maza y Miguel Colmenero.

Dada la evidente trascendencia jurídica e institucional del fallo, fuentes del tribunal no descartaron que los componentes de la sala de admisión terminen por proponer que el órgano que delibere y resuelva sobre la investigación o archivo de la querella sea el pleno, en el que se sientan todos los magistrados de la Sala de lo Penal.

El precedente de la Fiscalía, que después de analizar la misma documentación con la que ahora trabaja el Supremo concluyó que Dívar no cometió delito alguno, hace que la opción con más posibilidades sea el archivo de la querella. Si este es el resultado, el presidente no dimitirá de forma voluntaria, y el Gobierno, muy probablemente, no presionará para que lo haga.