El PP veta la comparecencia de Rodrigo Rato en el Congreso
Rechaza por ahora la citación del expresidente de Bankia y de Fernández Ordóñez, solicitada por el resto de partidos
MADRID.Actualizado:El PP hizo ayer uso de su mayoría parlamentaria para impedir que tanto Rodrigo Rato como Miguel Ángel Fernández Ordóñez comparezcan por ahora en la subcomisión del Congreso sobre la reestructuración bancaria, encargada de analizar la crisis de Bankia, tal y como había solicitado toda la oposición. Los populares solo aceptaron la comparecencia -y a puerta cerrada- del presidente de la Asociación Española de la Banca, Miguel Martín (el 27 de junio), y del director de la CECA, José María Méndez (el 11 de julio), mientras que queda sin fecha la del secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez de la Torre. Las demandas del resto de grupos no serán debatidas al menos hasta el mes de septiembre.
Mariano Rajoy se mostró partidario de investigar lo sucedido en Bankia «donde tenga que ser», pero no ahora. Aseguró que estas pesquisas son una cuestión importante pero que lo realmente decisivo es solventar el saneamiento del sistema financiero español ante el momento «complicado» del país. «Todo lo demás me parece que no tiene demasiado sentido sobre todo justo en este momento», sostuvo. El resto de partidos del arco parlamentario coincidieron en criticar la actuación del PP, que calificaron de «farsa» y de «tomadura de pelo». El PSOE llegó incluso aún más lejos al anunciar que se ausentará de la subcomisión.
El diputado popular y coordinador de la subcomisión, Fernando López Amor, declaró tras la reunión que su partido «no está cerrado» a ninguna comparecencia, pero no considera que el actual sea el «momento adecuado» para que Rato y Fernández Ordóñez ofrezcan sus explicaciones sobre la crisis de Bankia. A su juicio, pueden interferir en el proceso de saneamiento del sistema financiero español, que presumiblemente tendrá un momento crucial en la cumbre de la UE prevista para los días 28 y 29 de junio.
El portavoz socialista en asuntos de Economía, Valeriano Gómez, rechazó las explicaciones de López Amor y habló de «inmensa tomadura de pelo». «La transparencia es fundamental en este asunto y el Gobierno se niega a ser transparente», añadió. El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, aseguró que el Gobierno pretende levantar «una cortina de humo» al citar a personas «que poco o nada pueden aportar» en el análisis de la crisis de Bankia. Por su parte, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, anunció que su grupo secundará la intención del PSOE de no estar presente en la subcomisión.
Los nacionalistas también se vieron profundamente decepcionados con el momentáneo veto popular a la comparecencia de Rato y Fernández Ordóñez. Josep Sánchez Llibre, de CiU, tachó la posición del PP de «poco seria» e «incoherente», mientras que Pedro Azpiazu, del PNV, la calificó de «mala noticia».
Rodrigo Rato evitará por el momento ofrecer explicaciones ante los partidos políticos, y tampoco será citado por instancias judiciales, según desveló ayer por la mañana el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce. El máximo representante del Ministerio Público, que asistió en Córdoba a la apertura del XIII Congreso Nacional de Procuradores, aclaró que «por el momento» Anticorrupción no tiene previsto llamar a declarar ni a Rodrigo Rato «ni a nadie», en relación con las diligencias abiertas a Bankia. Torres-Dulce defiende además que la Audiencia Nacional tome las riendas de la investigación al banco intervenido al tratarse de hechos que afectan a diversas provincias, y «pueden comprometer la economía nacional».
Por otro lado, sigue el goteo de demandas judiciales contra los exresponsables de la entidad bancaria. UPyD ha anunciado que la querella que presentará el próximo lunes ante la Audiencia Nacional irá dirigida contra los miembros del Consejo de Administración del banco en el momento de su salida a Bolsa.
Precisamente Bankia anunció ayer que reducirá un 75% el número de consejeros en entidades y compañías participadas. La medida supondrá un ahorro aproximado de 7 millones de euros anuales, ya que los consejeros no percibirán retribución alguna y las dietas se ingresarán a favor de la entidad.