El PSOE acepta que Griñán y Chaves declaren ante la comisión de los ERE

Paso atrás con matices. El PSOE andaluz asegura ahora que no habrá «líneas rojas» ni vetos en las comparecencias de la comisión parlamentaria de investigación sobre el presunto fraude de los ERE, que empezará a funcionar la próxima semana. Eso sí, al igual que IU, su socio de gobierno, quiere dejar claro que el objetivo es depurar responsabilidades, y no montar un «circo» o una «cacería política» en el Parlamento. Tanto el presidente andaluz José Antonio Griñán, como su antecesor, Manuel Chaves, tras unas reticencias iniciales, mostraron su disposición a comparecer aunque «no conocían las irregularidades».

Las alarmas saltaron cuando la consejera de Presidencia y número dos del PSOE andaluz, Susana Díaz, defendió el martes que no había motivos para citar a Griñán, a Chaves o a otro miembro del Gobierno autonómico. Una declaración que hacía presagiar que la primera comisión de investigación en 17 años quedaría descafeinada dado que los principales implicados en la trama, según la Guardia Civil, están en prisión y tampoco podrían declarar.

«No puede haber un Gobierno blindado ante el Parlamento», arremetió el portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas. El dirigente popular lamentó que se trate de diluir la comisión haciéndola «de tercera división». Rojas suscribió las tesis de la investigación judicial al subrayar que era precisamente el Consejo de Gobierno el que «autorizaba las ayudas», de ahí que el PP vea imprescindible la explicación de los máximos responsables del mismo.

Sea por estas denuncias o por la incongruencia que supone que el PSOE se niegue a que sus líderes en Andalucía acudan al Parlamento a dar explicaciones y al mismo tiempo las exijan en Madrid para el presidente del Poder Judicial o los responsables de Bankia, los socialistas dieron un giro de 180 grados. Su portavoz en la cámara autonómica, Mario Jiménez, defendió que no «haya cortapisas» en la comisión, pero abogó porque no se convierta en un «circo o una cacería política» por parte del PP, que «quiere convertir el caso ERE en el caso Griñán».

Nunca

Una postura defendida también por el vicepresidente del Ejecutivo y líder de IU en Andalucía, Diego Valderas, quien recordó que «será el Parlamento el que decidirá las comparecencias». Y para dejar claro su postura señaló entre risas «que el que quiera cacerías se podría ir con el Rey».

A falta de que la semana próxima se fije el calendario de la comisión, tanto el presidente de la Junta como su antecesor se mostraron dispuestos a declarar si son citados. Ambos mantienen que «nunca» conocieron ilegalidad o irregularidad en relación a la concesión de ayudas a empresas en crisis, y que en cuanto se conocieron las pusieron en conocimiento de la justicia.

Chaves insistió en que el atestado de la Guardia Civil remitido a la jueza instructora «contiene un error grave» ya que «el Consejo de Gobierno en ningún momento, nunca, nunca amparó ni conoció ninguna irregularidad». Griñán, a su vez, apostilló que la manera «normal» de proceder en una investigación «es encontrar pruebas y determinar responsabilidades, no al revés, determinando presuntas responsabilidades y buscando pruebas», que es, a su juicio, lo que se ha hecho.