El juez del 'caso Urdangarin' dice basta

El Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca ha vivido uno de los episodios más surrealistas desde que el pasado noviembre estallara el 'caso Urdangarin'. Tan surrealista que incluso ha provocado un tremendo enfado al siempre tranquilo juez José Castro. El magistrado ha cortado de raíz los nuevos intentos de una modelo que hace llamarse 'Soraya', y que asegura que fue violada por un príncipe saudí socio del duque de Palma, para personarse en causa como acusación particular y, de paso, intentar abrir un nuevo y espinoso frente con la petición del interrogatorio de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la empresaria alemana amiga del Rey y que, según la modelo, también participó en los negocios de Iñaki Urdangarin y el príncipe denunciado.

El lunes, Castro, en una providencia, resumió en dos palabras el concepto que le merecían las maniobras de la mujer y su familia para entrar en el caso Urdangarin: «Jurídicamente aberrantes». Solo días antes había recibido en su juzgado los escritos de 'Soraya' y de su madre, en las que ambas, pero por separado, pedían personarse como acusación otra vez, después de que el juez reclamara que explicaran qué «perjuicio» tenían ellas en el 'caso Nóos'.

Aizoon

El abogado Max Turiel en sus, cuanto menos heterodoxas respuestas, intenta justificar su presencia en este sumario por el hecho de que su cliente denunció haber sido violada en agosto de 2008 en un yate amarrado en Ibiza por el príncipe saudí Al Walled Bin Tafal, un proceso que ha sido archivado por la justicia tras varios recursos de la joven. Walled, siempre según 'Soraya', posee el 30% de Mixta África, una constructora en la que los duques de Palma, a través de su inmobiliaria Aizoon, tienen un 0,09%.

Con ese único argumento, la modelo pretende ser acusación porque, según arguye su letrado, las relaciones del príncipe con la Casa Real española estarían detrás del carpetazo a la investigación de la denuncia por los supuestos abusos sexuales. A partir de ahí, Turiel y su cliente aseguran ser víctimas de una suerte de trama en la que «ley, justicia, política e intereses económicos son indistinguibles». «El asunto de Ibiza (la denuncia por violación) y una parte del asunto Nóos están ligados por un hilo muy fino, tan fino que es invisible sin mirarlo con ojos que no se cierren en la oscuridad de una ley prostituida», llega a afirmar en su escrito el letrado, quien denuncia las «componendas políticas» para archivar la denuncia, insinuación incluida de que la Zarzuela estuvo detrás de esa supuesta maniobra.

«Altas instancias»

Es más, 'Soraya' y su abogado, que afirman que el Rey llamó al príncipe para felicitarle cuando fue absuelto del proceso penal, aseguran tener «información» de que Walled «además de pedir ayuda, presionó a las más altas instancias de la nación para que se archivara el caso» con la amenaza de que si no había carpetazo a la investigación «habría consecuencias directas sobre el contrato del AVE entre Medina y La Meca». Y que Walled, además de con Urdangarin, tiene negocios con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, por lo que la empresaria centroeuropea debe declarar como testigo en este proceso.

Este enrevesado relato de tintes conspiratorios ya es demasiado para un magistrado que en las últimas semanas creía haberlo visto casi todo. El juez admite que 'Soraya' y su abogado tienen todo el derecho a «poner en tela de juicio» que la Fiscalía y el Juzgado no hicieran una «instrucción fiable», pero recuerda a los recurrentes que en el tema de la violación «ya agotaron cuantos recursos estuvieron a su alcance» y que «en modo alguno» esos reveses judiciales «les autorizan a derivar hacia órgano jurisdiccional ajeno (su juzgado) la competencia» sobre el tema de la violación. Porque ni el sumario Nóos ni el juzgado de Palma, explica en su escrito, puede entender sobre ese asunto «bajo absolutamente ningún parámetro jurídico» dado que los supuestos abusos del yate no tienen «conexión alguna» con los negocios del instituto que presidió el yerno del Rey.

Sobre las acusaciones de conspiración de las más altas instituciones para enterrar la denuncia sobre la violación, Castro ni siquiera entra al trapo. «No cabe hacer comentario alguno sobre el contenido del escrito presentado, que ya se descalifica por sí mismo, ni sobre las diligencias que solicita», apunta.

En idénticos términos se refiere a la demanda de la madre de la modelo para ser parte en este proceso para ir contra la Fiscalía General porque el Ministerio Público defendió que se archivara la denuncia que presentó la joven. «Esa pretensión no responde a unos mínimos postulados de seriedad y respeto jurídico». «Si madre e hija entienden que el derecho a la tutela judicial de la segunda fue vulnerado, no es este juzgado el llamado a ilustrarlas sobre los cauces que han de seguir», explica con indisimulado enfado Castro, quien les recuerda que si quieren actuar contra el fiscal general deberían denunciarle ante el Supremo.