Amnistía a prueba

La llamada amnistía fiscal -que permite la regularización de bienes defraudados a Hacienda con anterioridad al 31 de diciembre de 2010 mediante el abono de un impuesto del 10% con cargo al presente ejercicio- plantea el dilema ineludible de hasta qué punto el objetivo que alberga el Gobierno de aflorar 25.000 millones de los que se recaudarían 2.500 millones representa, aunque sea puntualmente, un valor superior al del cumplimiento estricto de las normas tributarias a las que se ciñe la inmensa mayoría de los ciudadanos. El pragmatismo recaudatorio de la medida está además no solo a prueba de que resulte tan efectiva como presume el ejecutivo Rajoy, sino que podría inducir efectos colaterales nocivos para la disciplina fiscal. El más evidente es que al confiar en la declaración del defraudador como única garantía para certificar que los bienes a regularizar -dinero en metálico inclusive- eran de su propiedad con anterioridad al último día de 2010 puede fomentarse el fraude para lo que resta hasta el 30 de noviembre próximo. La otra consecuencia es que, inevitablemente, ofrece esperanzas de regularización periódica a quienes tienden a instalarse en el fraude fiscal.