El Poder Judicial intenta sin éxito enterrar la polémica sobre Dívar

El Poder Judicial y el Gobierno intentan a toda costa enterrar la polémica sobre los costosos viajes de Carlos Dívar a Marbella a cuenta del erario público e insisten en dar por buenas las explicaciones del presidente del Tribunal Supremo. Consideran que el continuo debate sobre este asunto -en el que están convencidos de que no hay responsabilidades penales- solo conduce a un desgaste «gratuito» cada vez mayor del consejo. Sin embargo, ni socialistas ni IU están dispuestos a que la intervención de Dívar sirva para dar carpetazo definitivo al «escándalo» y ya se preparan para dar la batalla en el Parlamento, en el que el PP tendrá que significarse si quiere impedir por tercera vez la comparecencia del máximo responsable de los tribunales.

El mensaje oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un día después de la intervención de Dívar fue que el tema de los 13.000 euros que el presidente se gastó en la Costa de Sol ya es agua pasada y hay que mirar al «futuro», en palabras de su portavoz, Gabriela Bravo. Sin embargo, la percepción en el seno de esta institución es bien distinta. Buena parte de los 21 vocales -y no solo los cinco que la semana pasada pidieron la dimisión de Dívar- reconocen que las explicaciones no han terminado de «apagar el incendio» de Marbella y admiten en privado que solo la dimisión del presidente aplacaría los ánimos y frenaría el deterioro de la imagen de la institución. Sin embargo, esos mismos juristas aseguran no estar dispuestos a reclamar públicamente la salida de Dívar para no avivar aún más la polémica. La dimisión -estiman- es una decisión que debería tomar el presidente de 'motu proprio' para atajar la «más grave crisis» de la historia del órgano de gobierno de los jueces.

Sin ir más lejos, Bravo admitió que en el consejo son «conscientes» del «menoscabo» de «credibilidad» que esta crisis ha provocado a la institución y que puede haber sectores que no vean suficientes las aclaraciones del presidente. Incluso admitió públicamente que los viajes de Dívar han provocado que se expanda un «clima de sospecha generalizado» sobre el Poder Judicial que, se quejó, «no está justificado».

En el Parlamento

El vicepresidente del consejo, Fernando de Rosa, también se esmeró en hacer ver que este tema ya está «zanjado». Llamó a «cerrar la polémica» de los viajes y a «ponerse a trabajar por la justicia y para la sociedad». Según De Rosa, el hecho de que Dívar, tal y como le reclamaron los vocales para respaldarle, diera «explicaciones públicas» debe ser suficiente para pasar página. Aun así, se hizo eco de la inquietud del CGPJ de que esta «situación» ha podido provocar que «la sociedad perciba» que en este órgano hay una «trama de corruptelas».

El jueves pasado Dívar se mostró dispuesto a acudir al Parlamento para explicar sus 20 viajes a cuenta de las arcas públicas. Una comparecencia, no obstante, que ni en el CGPJ ni en el Gobierno ven con buenos ojos. De Rosa recordó la «división de poderes en este país» y abogó por que los poderes se «respeten mutuamente», poniendo voz a los que consideran que los diputados no tienen potestad para «fiscalizar» la actuación de los jueces.

El Ejecutivo -y el Partido Popular- siguen alineados con esa posición a pesar de la disposición del presidente del Supremo a acudir al Congreso. Fuentes de Moncloa recordaron ayer que la postura del Ejecutivo sigue inamovible y sigue siendo la que ya ha expresado Alberto Ruiz-Gallardón: «Vivimos en un Estado donde los poderes afortunadamente están separados» y «no es competencia» del Parlamento controlar a los miembros del máximo órgano judicial. Con esta premisa, la Mesa del Congreso, con mayoría del PP, ya ha rechazado en dos ocasiones las reclamaciones de Izquierda Plural de que Carlos Dívar se explique ante sus señorías.

Sin embargo, el PSOE no se conforma. Los juristas del partido de oposición creen haber encontrado la fórmula legal para, al menos, obligar a los populares a rechazar la comparecencia sin poder escudarse en impedimentos legales. El Grupo Socialista registró ayer en el Congreso la petición de comparecencia de Dívar basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional que, en 2003, dio la razón a este grupo después de que la Cámara baja denegara por motivos legales la citación del entonces presidente del Supremo, Javier Delgado, para explicar su posición ante el indulto del Gobierno al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño. Entonces, como ahora, la mesa sostuvo que la comparecencia del presidente era «contraria a los precedentes y a las relaciones entre ambas instituciones».