La Guardia Civil sostiene que la Junta ocultó información sobre los ERE

La Guardia Civil sospecha que la Junta de Andalucía «sacó información comprometida» de algunos expedientes del caso de los ERE cuando le fue solicitados por parte del juzgado en noviembre de 2010, ya estallado el escándalo, al tiempo que completó algunos informes que faltaban antes de facilitarlos a la instrucción. Esta es una de las conclusiones a la que llega un exhaustivo atestado de la UCO sobre el funcionamiento de la Consejería de Empleo, y que ha llevado a la jueza instructora a suspender las declaraciones de los imputados previstas para los próximos meses a fin de poder estudiar la nueva información.

La jueza considera de enorme importancia este atestado, de ahí que pida a las partes que lo estudien también por si se pudieran derivar nuevas imputaciones o líneas de investigación. A lo largo de poco más de 300 folios, la UCO reitera que el sistema de transferencia de financiación desarrollado por la Junta de Andalucía en 2001 para conceder ayudas a empresas en crisis, aparte de ser conocido por todo el escalafón del Ejecutivo, «reducía las posibilidades de fiscalización» y «facilitaba el descontrol absoluto de las ayudas».

«Pago cruzado

Además, destaca que el método «se incumplía» de forma reiterada, dado que en muchas ocasiones ni existía convenio que lo justificara o un posterior seguimiento. E incluso se creó una figura, el «pago cruzado», que permitió la inclusión de los intrusos. Unos procedimientos que se iniciaron con el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero -encarcelado desde marzo de este año- y que continuaron sus sucesores.

La Guardia Civil desmonta el argumento esgrimido por la Junta acerca de que toda la responsabilidad se limitó a Guerrero, y afirma en el informe ahora en manos de la jueza que éste contó «con la activa colaboración de algunos de sus subordinados», que se aprovecharon de la debilidad del sistema de ayudas. Y apunta también al escalón superior: si el exdirector era quien adjudicó «ilícitamente» numerosas y cuantiosas ayudas a empresas de su pueblo natal, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández fueron quienes las «promovieron».

Ayudas individuales

El informe también hace referencia a las ayudas individuales, las famosas prejubilaciones donde se colaron «intrusos», y estima que el exconsejero Fernández fue quien animó a sus distintos directores generales de Trabajo a emplearlas. De hecho, la UCO afirma que tanto él como su exviceconsejero Agustín Barberá, también imputado, llegaron a ser conscientes de que los expedientes tenían una tramitación y gestión «irregular», pero «a pesar de su gravedad no lo denunciaron».

En este sentido, el Instituto Armado sugiere a la jueza instructora la posibilidad de investigar más a fondo la gestión del que fuera director general entre 2010 y 2012, Daniel Alberto Rivera, del que dice que siguió financiando prejubilaciones cuando el caso ya estaba en los juzgados y el propio consejero de Empleo había ordenado investigar internamente ante la sospecha de que eran ilegales e incluían intrusos. El informe de la UCO también aventura que parte de estas ayudas a empresas se destinaron al «pago a sindicatos», según consta en diverso material analizado, aunque «a día de hoy se desconoce su motivación».