Las políticas de austeridad logran un ahorro de 350.000 euros

Objetivo inicial y prioritario: el control del gasto. La delicada situación económica del Ayuntamiento de Arcos, que arrastra más de 45 millones de euros de deuda, ha obligado a poner en marcha una serie de medidas de ahorro económico y aumento de ingresos al actual gobierno, del Partido Popular y Alternativa Independiente Progresista, que ha ido variando conforme avanzaba el primer año de legislatura. Todo ha quedado condicionado con el Plan de Ajuste que ahora se está poniendo en marcha, aunque lo que siempre se ha tenido claro es que resulta necesario controlar el gasto corriente.

La puesta en marcha de la Oficina de Compras y Control del Gasto, «de manera seria» apunta el responsable de Hacienda, Carlos de la Barrera, ha conseguido ya un ahorro anual de 350.000 euros, según destaca el propio equipo de Gobierno. Para conseguir esta reducción se ha puesto en marcha un paquete de medidas que afecta a la telefonía fija, donde se han ahorrado 180.000 euros; telefonía móvil, donde el ahorro supera los 60.000 euros a pesar de que se han contratado unas 40 líneas más; y la gestión energética, entre otras.

De la Barrera fue quien dio a conocer ayer estos datos y confirmó que la deuda con Endesa, suministradora eléctrica, ya que «se han acogido al Plan de Pagos a Proveedores, por lo que recuperaremos el suministro eléctrico en todas las instalaciones municipales y además nos aprovecharemos de descuentos por pronto pago, cuando paguemos las nuevas facturas». En cuanto al suministro, también se ha eliminado la forma en la que se abastecían algunas pistas deportivas de Arcos y Jédula, con un generador de gasoil, porque «eso suponía unos 400 diarios de gasto entre combustible y alquiler».

Hasta completar los 350.000 euros al año, el Ayuntamiento está recortando mucho el gasto en productos de limpieza, donde ahora se gasta solo el 30% de lo que se gastaba, y el suministro de aceites hidraúlicos y material de oficina. Además, el Ayuntamiento también ha asegurado todos los vehículos municipales porque «cuando llegados estaban circulando sin seguro obligatorio», destaca de la Barrera.