Las víctimas exigen a Rajoy una rectificación con los presos de ETA

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la organización que aglutina a la mayor parte del colectivo, exigió ayer de manera formal a Mariano Rajoy la rectificación de la política antiterrorista de su Gobierno. Quiere, en concreto, el fin inmediato de los beneficios penitenciarios a etarras y la ilegalización de Amaiur y Bildu. El emplazamiento sonó a último aviso. Todavía no van a salir a la calle a manifestarse contra el Ejecutivo, como sí hará el 9 de junio, por primera vez desde que gobierna el PP, el grupo minoritario de víctimas liderado por Francisco José Alcaraz, Voces contra el Terrorismo. Sin embargo, la AVT no descarta nada de cara al futuro, especialmente si Rajoy ignora sus exigencias.

No quiere quemar este cartucho, pero van a elevar de forma paulatina la presión sobre el Gobierno con la puesta en marcha de una campaña de protestas contra el plan de reinserción de presos de la banda, su principal queja, porque consideran que es una continuación de la política de cesiones ante ETA que atribuyen a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. La AVT cree además que el plan de reinserción es fruto de unos acuerdos secretos que llevaron al anuncio de cese de la violencia, el 20 de octubre, por la organización terrorista.

La presidenta de la organización, Ángeles Pedraza, con el respaldo que le da haber sido reelegida este fin de semana con el 94% de los votos, aseguró que las víctimas ya no confían en el Gobierno porque les ha «defraudado» al traicionar en estos cinco meses el compromiso de lucha sin cuartel contra ETA y su entorno que asumió durante la campaña electoral.

La AVT resumió sus demandas en una sola frase: «Queremos a los terroristas dentro de las cárceles y a los amigos de los terroristas fuera de las instituciones». Pedraza avisó a Rajoy y al ministro del Interior que ya «no nos valen las palabras» porque se ha agotado el tiempo de las charlas tranquilizadoras de Jorge Fernández Díaz, en las que jura que nada ha variado en la firmeza de la política penitenciaria con los etarras y que nunca habrá ni contactos ni concesiones ni final dialogado con ETA.

Expulsión de Amaiur

Ni siquiera la última operación antiterrorista en Francia, que significó la detención del, según Interior, supuesto jefe del aparato militar de la banda y de su ayudante ha hecho que el colectivo recupere la confianza perdida. «Exigimos hechos», afirmó Pedraza, escoltada por la cúpula de la AVT.

Y los hechos son dos. Cumplimiento íntegro de las penas por parte de los terroristas y la puesta en marcha del proceso de ilegalización de Amaiur y Bildu, las coaliciones electorales con las que la izquierda 'abertzale' consiguió retornar el año pasado a las instituciones. Reclaman que el Ejecutivo retome sus promesas en la oposición e inste a los tribunales a la proscripción de estas organizaciones para expulsar a sus representantes de las Cortes, de las diputaciones y ayuntamientos vascos y navarros, y para evitar que retornen en los proximos meses a los escaños del Parlamento de Vitoria.

Las víctimas tampoco quieren ver ni un solo acercamiento más de etarras a cárceles del País Vasco ni mucho menos medidas de flexibilidad del régimen penitenciario, como concesiones de permisos o excarcelaciones condicionadas. Las mismas medidas que los partidos vascos, incluido el 'lehendakari', tildan de racanería del Ejecutivo del PP ante un proceso de final de la violencia terrorista son consideradas por la AVT como evidentes gestos y concesiones hacia la organización.

Pedraza, que no quiso detallar en qué consistirá su campaña de protesta contra el plan de reinserción de Interior que prevé acercar a Euskadi a reclusos etarras que rompan de forma pública con ETA, sí que adelantó que estará protagonizada por «víctimas directamente afectadas» por los crímenes de los etarras que se beneficien de las medidas. La presidenta de la asociación aseguró que no permitirá que sus miembros se conviertan también en «víctimas del plan de reinserción», porque «la AVT será siempre -gobierne quien gobierne- un dique de contención de las tentaciones del Ejecutivo de hacer experimentos con los presos etarras».

La cúpula de la organización dio a entender al Gobierno que no se confíe por que el 9 de junio no estén en la calle para protestar contra su política. No lo hacen por falta de ganas sino porque la concentración la han organizado sus enemigos internos, las mismas personas que trataron de descabalgar a Pedraza con una candidatura alternativa y que acusaron a ella y a su directiva de cometer múltiples irregularidades, e incluso delitos.