El Gobierno asegura que «salvaguardará» el litoral en Tarifa

El ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente examinará «minuciosamente» el proyecto de Valdevaqueros de Tarifa (Cádiz) para hacer cumplir la normativa medioambiental y preservar el litoral. Así lo afirmó ayer el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, en relación a la decisión del Ayuntamiento de Tarifa de poner en marcha un megaproyecto hotelero en una zona que, según han denunciando los ecologistas, es «de especial valor ambiental, con un cordón dunar único en Europa». Ramos observó, no obstante, que se trata de un tema que no le compete al ministerio, sino al Ayuntamiento. El secretario de Estado hizo estas manifestaciones al término de su comparecencia en el Senado para explicar los presupuestos de su Departamento.

Organizaciones como Greenpeace y Equo, junto a otros colectivos, han protestado contra este plan del Ayuntamiento de Tarifa para construir, según los ecologistas, 1.423 plazas hoteleras y 350 viviendas. El gobierno local ha criticado la «tergiversación» que del plan realizan los grupos opositores y su alcalde, Juan Andrés Gil, ha defendido que se trata de una actuación urbanística «de carácter moderno, actual y en la línea de un desarrollo blando e integrado en el medio» .

El proyecto, según el Ayuntamiento, prevé una «muy baja densidad de construcción, ya que los más de 700.000 metros cuadrados de superficie con que cuenta «sólo podrá urbanizarse unos 84.000» con construcciones de no más de dos alturas y dejará para «uso público» el margen que existe desde la playa hasta la carretera nacional 340.

El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, aseguró que en el Gobierno andaluz hay «sólo un punto de vista» en relación al proyecto hotelero, aunque es «legítimo» que en el ámbito local haya habido divergencias.

La Junta será «escrupulosa»

De esta forma, el consejero ha salido al paso del rechazo de IU en el Ayuntamiento de Tarifa a dicho proyecto, que fue aprobado con el apoyo del PP (que gobierna el Consistorio) y del PSOE. Planas informó de que los distintos miembros del gobierno han mantenido conversaciones al respecto y «sólo hay un punto de vista», aunque eludió «prejuzgar tomas de posición» sobre dicho proyecto. Ratificó que la Junta será «muy escrupulosa» con el respeto a la legalidad de dicho proyecto y a las normas españolas y andaluzas y que, en definitiva, son la trasposición de las normas europeas en cuanto a la protección del medio ambiente. No aclaró si la Junta tiene la última palabra para autorizar la construcción del complejo e indicó que cada administración emite los informes correspondientes, sin querer «prejuzgar tomas de posición de un momento futuro».

Asimismo, señaló que en la primera reunión que mantenga con el Consejo Andaluz de Medio Ambiente, órgano consultivo de la Junta, les expondrá su filosofía basada en una política de defensa firme del medio ambiente porque es un factor de desarrollo económico.

Por su parte, El secretario general del PP -A, Antonio Sanz, recordó que el proyecto hotelero cuenta «con todas las autorizaciones necesarias» para llevarse a cabo, y achacó la polémica a posibles «nuevas discrepancias» entre los socios de Gobierno (PSOE e IU). Sanz recordó que este «no es un proyecto nuevo» sino que procede de 1990 cuando en Tarifa gobernaba el PSOE, y que tuvo su continuación en un «plan parcial» en 2005, que se desarrolló «con lentitud» para contar con «todas las autorizaciones necesarias» de la Junta.

Sanz dijo que los que lo están criticando «no saben de qué va» y que el Ayuntamiento de Tarifa, con el apoyo del PSOE, ha tomado «decisiones muy importantes» para minimizar el impacto de los edificios en la zona.

Una jueza de Almería ha ordenado incoar procedimiento abreviado contra el exviceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía Juan Jesús Jiménez Martín y del secretario general de la Delegación Provincial, Augusto Ignacio Segura, al estimar que ambos pudieron incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa al ordenar la paralización en junio de 2010 de los trabajos previos de la mercantil 'Círculo Agroambiental' para la construcción de un hotel de 50 habitaciones en el paraje Campillo de Gata, en el parque natural de Cabo de Gata -Níjar.

En el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería se acuerda, sin embargo, el sobreseimiento de las actuaciones contra el exdelegado del Gobierno andaluz en la provincia Miguel Corpas y el extitular de Medio Ambiente Clemente García, al no quedar debidamente justificada durante las diligencias su participación en los hechos ya que, según subraya, «no dictaron materialmente las resoluciones» por la que se paralización de la obra.

Espacio protegido

La causa fue incoada a raíz de la querella interpuesta por 'Círculo Agroambiental', a la que el Supremo dio la razón en mayo de 2010 al avalar la licencia municipal de obras concedida por el Ayuntamiento de Níjar. La Junta alegó para justificar su paralización que el proyecto vulneraba la normativa de espacios protegidos de la comunidad por carecer de autorización ambiental unificada.

La jueza indica en el auto, por el que ordena la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, que tanto la resolución dictada «materialmente» por Segura de Torres el 7 de junio de 2010 como la de Jiménez Martín confirmando la anterior en alzada presentan indicios de ser «arbitrarias» ya que «impidieron la ejecución de actos administrativos firmes» en alusión al fallo del Supremo.