García-Margallo y Hague calman desde Londres las aguas de Gibraltar

El 11 de marzo, domingo, Kaelan Joyce, de 30 años, estaba hacia las ocho de la tarde a unos 200 metros de la costa oeste del Peñón con su bote de 19 pies pescando. Allí se cogen sargos y jureles. Desde octubre no había cogido un solo sargo. Llegaron dos botes de La Línea y echaron sus redes tan cerca de su bote que se marchó.

Llamó a la Real Policía de Gibraltar para denunciar que los españoles estaban incumpliendo la ley de 1991, que prohíbe pescar allí con redes y luces artificiales para atraer a los peces. En su primera llamada el policía le dijo que los españoles no hacían nada ilegal. Luego acudió una patrulla, pero los botes ya se habían marchado.

Joyce trabaja como informático en una empresa de apuestas en internet, pero lo conoce todo Gibraltar porque fue buen boxeador. Llamó en los siguientes días a agencias medioambientales y a periódicos y preguntó a John Cortés, ministro de Medio Ambiente, si el Gobierno cumpliría lo que había prometido en la campaña electoral de octubre.

A Cortés también lo conoce todo Gibraltar. De niño y hasta que Franco cerró la verja, iba a Málaga, para ver a su tía y allí empezó a interesarse por los pájaros. Cuando cerraron la verja, Cortés se aficionó a la observación de la fauna y la flora del Peñón.

Tras doctorarse en Oxford en Ecología, regresó y el Gobierno adjudicó a su empresa el contrato para regenerar jardines de la colonia. Fue un inspirador de la ordenanza de 1991 que declaraba el litoral costero como zona protegida.

Esa ordenanza limitaba la pesca en las tres millas de costa, donde botes de La Línea y Algeciras han pescado siempre. Prohibía el uso de redes de cerco y de arrastre, el uso de sonares y luces. Pero la legislación no se cumplió hasta que en 1997, en una atmósfera tensa por el sempiterno conflicto soberanista, hubo varios incidentes cuando la policía de Gibraltar intentó aplicar su ley.

Los ministros Abel Matutes y Robin Cook intentaron apaciguar el conflicto con un acuerdo verbal, que no satisfizo a nadie. Cortés y otros activistas criticaron a su Gobierno por no hacer cumplir la ley, que se complicaba con la cuestión soberanista. El Tratado de Utrech de 1713 cede el Peñón a la corona británica pero las aguas no se mencionan y, en el Convenio del Mar de la ONU, de 1982, España ya incrustó su reserva al reconocimiento de las tres millas marinas de Gibraltar.

Cartas y naves

Cortés era ya ministro cuando Joyce se tuvo que marchar con su bote a puerto y su partido, el socialista laborista del ahora ministro principal Fabian Picardo, había prometido en su programa que aplicaría la ley de 1991. Desde entonces, la policía del Peñón ha advertido a los españoles que faenan con artes prohibidas que deben irse. No ha habido una sola detención, a diferencia de lo que ocurrió entre 1997 y 99. Pero ha coincidido con la renuncia por carta del nuevo Gobierno español a seguir la política del anterior: un Foro Trilateral -España, Reino Unido, Gibraltar- para tratar los asuntos de mutuo interés.

El Gobierno español ha protegido a sus barcos y algún buque de la Royal Navy se ha acercado también a las aguas del estrecho, en una comedia marítima en las noches templadas del Mediterráneo. Picardo ha convocado a los pescadores españoles a un equipo de trabajo mixto para encontrar una solución. Los de Algeciras se han mostrado más reacios.

Y ayer, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, logró el paso que buscaba ante este asunto, que fuesen él, y su homólogo británico, William Hague, quienes animen a algecireños, linenses y llanitos, a colaborar en la búsqueda de un acuerdo.