Piden a la Fiscalía que investigue si las cajas falsearon sus balances

La Fiscalía General del Estado ha recibido un escrito de denuncia por parte de la Liga Española Pro-Derechos Humanos para que investigue la fusión de las siete cajas de ahorro que dieron lugar a Bankia, la entidad rescatada por el Gobierno con casi 23.500 millones.

El escrito presentado ayer solicita al fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, que indague si en el proceso de fusión de Bankia las cajas falsificaron sus balances o se produjeron alteraciones contables, lo que sería un delito societario.

Por lo tanto, pide al Ministerio Público que abra diligencias para conocer si las actuaciones de los administradores de las cajas revisten algún tipo de responsabilidad penal. Estas entidades fueron Cajamadrid y Bancaja, en primer lugar, a las que se luego se adhirieron Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia.

De la misma forma recuerdan que es necesario conocer la implicación no sólo de los gestores de Bankia, con Rodrigo Rato a la cabeza, sino de los órganos reguladores «por su desidia en el control de los acuerdos de dichas sociedad», en referencia al Banco de España.

Se da la circunstancia de que ayer la propia Fiscalía General remitió a Anticorrupción una denuncia contra el presidente del órgano supervisor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y su antecesor, Jaime Caruana, por supuesta prevaricación por omisión, según el escrito de la Confederación Intersindical de Cajas. De forma paralela, el fiscal general ya ha ordenado a Anticorrupción que investigue las millonarios indemnizaciones de los exdirectivos de las cajas que se jubilaron o prejubilaron antes de las fusiones, por si pudieron incurrir en apropiación indebida y enriquecimiento ilícito.

En el punto de mira

A la espera de recibir la documentación del Banco de España, Anticorrupción sospecha que los gestores se «autoconcedieron» las indemnizaciones en abuso de su cargo. Por lo tanto, la Fiscalía considera que el argumento de que las pensiones fueron aprobadas por las comisiones de control y los consejos de administración de las cajas investigadas están fuera de lugar.

Según fuentes judiciales, estas sociedades son la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Caja Segovia (ahora en Bankia), Caja Castilla-La Mancha, Nova Caixa Galicia, Caixa Penedés, Bancaja (Bankia), Caja España, Caja Duero, Caja Sur y Banco de Valencia.