La 'primavera del arce'

«Para variar, los estadounidenses deberían tomar nota de lo que está pasando al otro lado de la tranquila frontera del norte». Así empezaban el miércoles Laurence Bherer y Pascale Dufour, profesores de Ciencias Políticas en la Universidad de Montreal, a explicar en las páginas de The New York Times las revueltas estudiantiles que mantienen en guerra a Quebec.

La víspera se habían cumplido cien días de la huelga de estudiantes declarada en protesta por el mayor aumento de las matrículas universitarias que se ha producido nunca: 325 dólares (260 euros) más cada año durante los próximos cinco. Entre el 75% y el 82% de aumento, según lo que se incluya en la cuenta, que a pesar de todo dejaría a los estudiantes de Quebec con las matrículas más bajas de Canadá y a una distancia astronómica de sus vecinos estadounidenses.

Quizás por eso, una ligera mayoría del 51% de la población está de acuerdo con la propuesta gubernamental que recorta los servicios públicos para paliar la crisis presupuestaria, ante el temor de que esta obligue a una subida de impuestos. Pero he ahí que en ese día 100 el primer ministro, Jean Charest, perdió la guerra con los estudiantes. Un cuarto de millón de personas salieron a la calle a apoyarlos, en una ciudad de millón y medio, lo que supone el mayor acto de desobediencia civil en la historia de Montreal, por encima incluso de las protestas contra la guerra de Irak.

En el oeste de Canadá, sus vecinos de Vancouver quemaron las calles el año pasado simplemente por perder la Copa Stanley de hockey sobre hielo. En Montreal no se rompen cristales ni se queman papeleras, por lo que la ley de emergencia aprobada por el Gobierno para «devolver el orden» no tenía razón de ser. Los estudiantes aporrean cacerolas cada noche a las 20.00 horas y protestan vestidos de rojo o con un cuadrado rojo en el pecho para denunciar el color de su deuda. Sin embargo, van ya más de 2.500 arrestos, 700 de ellos solo el pasado miércoles por la noche, amén de las exorbitantes multas.

En paralelo a la represión ha crecido el apoyo de los ciudadanos a las protestas, porque si bien pueden discrepar con la causa apoyan el derecho de los manifestantes a la lucha pacífica. Los quebequeses no aceptan la represiva Ley 78 que supone de facto una suspensión temporal de las libertades civiles, ya que su vigencia acaba en julio del año que viene.

«Verdadera amenaza»

La norma que requiere a cualquier reunión de más de 50 personas notificarla a la Policía con 8 horas de antelación permite multar a las asociaciones que participen en las manifestaciones con sanciones hasta de 125.000 dólares (99.800 euros) en caso de que alguien se aparte del recorrido pactado. Pero lo más draconiano es la cláusula que permite al Gobierno retirar la financiación a las asociaciones estudiantiles un semestre por cada día que uno de sus miembros cierre el campus universitario. «Esa es la verdadera amenaza para la libertad de expresión», observa Angus Johnston, historiador y organizador estudiantil de EE UU, que sigue muy de cerca lo que pasa a 600 kilómetros de Nueva York. «Una semana de protestas en el campus supondría siete años de silencio a esa organización estudiantil».

Pese a la escasa distancia, la noticia del alzamiento estudiantil en Quebec ha pasado desapercibida para la mayoría en EE UU y en el mundo, porque el francés supone una barrera lingüística en el ciberespacio de los anglófonos. Eso no ha impedido que la causa conecte con el corazón de los indignados neoyorquinos, la mayoría universitarios ahogados por una deuda que sobrepasa la de las tarjetas de crédito en todo el país. Los manifestantes de Occupy Wall Street se pasaban ya cuadros rojos hace varias semanas en Hunter College y 600 de ellos desfilaron el martes por las calles neoyorquinas en apoyo de sus hermanos de Quebec. La batalla que se lleva a cabo allí puede ser la chispa de otras muchas.

Desde que se descongelaron las matrículas en 1988, el Gobierno de Quebec ha pasado de asumir el 87% del coste al 63,5% previsto para 2015. Johnston observa que no se trata simplemente de una subida de las tasas, sino de un giro ideológico por el que las autoridades pretenden trasladar el coste de la educación a los estudiantes. Con ello deja de ser gratuita y de acceso universal para convertirse en un privilegio de quienes puedan costeársela.

La estrategia del Ejecutivo de exigir a los estudiantes que se esfuercen para pagar sus carreras viene mal avalada por las estadísticas, ya que en Quebec el 63% trabaja para costear sus estudios, la mayoría una media de 16 horas a la semana. Tampoco ayuda la oferta de las autoridades de ampliar los créditos a universitarios, porque a pesar de las bajas matrículas y sus horas laborales ya tienen 14.000 dólares (11.100 euros) de deuda media antes siquiera de aspirar a la licenciatura. «Queremos estudiar, no endeudarnos», dicen algunas pancartas. «Somos estudiantes, no clientes».

Charest, que el jueves cambió a su jefe de gabinete para intentar reconducir las inexistentes negociaciones, se juega su legado. Desgastado por nueve años de mandato y escándalos de corrupción, el primer ministro liberal que arrebató el poder al partido nacionalista ya tenía en marzo, cuando anunció la reforma, los índices de popularidad más bajos de la historia, con un 13%. Para los estudiantes de todo el mundo, si quienes gozan de las matrículas más bajas logran frenar la subida, el derecho a la educación universal resultará posible frente a quienes lo veían como una utopía. La 'primavera del arce', como ya se la llama en referencia al árbol que es emblema de Canadá, puede prender la chispa de muchos campus alrededor del globo.