La libertad de horarios enfrenta a pequeños y grandes comerciantes

La liberalización de horarios comerciales que el Gobierno propugna para reactivar el consumo y generar empleo tiene enfrentado al sector del comercio minorista, que se debate entre la tradicional rigidez, rechazada por las grandes superficies, y un modelo próximo al libre albedrío que asusta al pequeño comercio. Ambos patrones se han ensayado en distintas comunidades con resultados dispares. La polémica sobre el modelo está servida en un sector en constante mutación, que en la última década ha vivido la eclosión de las tiendas de conveniencia y la consolidación de Internet como plataforma que permite comprar las 24 horas del día desde casa.

En realidad la libertad total de apertura ya existe para el pequeño comercio. La ley 1/2004 de horarios permite «plena libertad para determinar los días y horas» de apertura al público a los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados, excluidos los pertenecientes a cadenas o grupos de distribución.

Son, por tanto, las grandes superficies las sujetas a restricciones. La ley fija para ellas un mínimo de 72 horas semanales y ocho domingos y festivos de apertura al año. Algunas comunidades prefirieron abrir la mano e ir más allá. Madrid tenía hasta 2011 un horario semanal de 90 horas y 22 festivos al año de apertura, que en 2012 amplió a la libertad total. Navarra, la Rioja, Canarias y la Comunidad Valenciana también han permitido abrir hasta 90 horas semanales. En el otro extremo hay regiones como Cataluña que se ha mantenido en el mínimo legal.

Lo llamativo es que, según explica la profesora de la Universidad Autónoma María Jesús Yagüe en un estudio publicado por el Colegio de Economistas de Madrid, la comparación de los índices de ventas catalán y madrileño arroja en 2011 «una caída real del negocio de similar cuantía, y en ambos casos superior a la media española».

Empleo e inversión

La libertad total de horarios es una vieja reivindicación de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), que agrupa a 17 grandes compañías, entre ellas El Corte Inglés, Carrefour, Eroski, Alcampo y Fnac. Esta agrupación mantiene que la liberalización beneficiará al consumidor y permitirá a comerciantes y empresas abrir en función de las preferencias de sus clientes y desarrollar todo su potencial inversor y creador de empleo.

Por el contrario, la Confederación Española del Comercio (CEC), que representa a unos 450.000 pequeños y medianos comerciantes de toda España, cree que la medida «no solo no crea empleo, sino que lo destruye y lo precariza», además de «dificultar el autoempleo y el emprendimiento, así como la conciliación de la vida personal y laboral de los comerciantes». Asegura que esa iniciativa «no ha sido demandada por el consumidor ni por el comercio» y cree que no tendrá «repercusión directa sobre la recuperación económica». La Federación de Autónomos (ATA) cree que está diseñada para que Goliat aplaste a David».

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha anunciado una ley que ampliará los horarios a escala nacional, pero sin llegar a la libertad absoluta de Madrid. El motivo es que el Ejecutivo quiere que las autonomías conserven algo del margen regulatorio que les asiste.

Los motivos que esgrime el Gobierno son comerciales, sociales y demográficos. Un estudio gubernamental de la cuestión, concluye que la principal finalidad de la vieja regulación restrictiva, proteger al pequeño comercio, está «obsoleta». «Se ha podido acreditar que las comunidades que han tenido mayor apertura comercial han visto mejorado su tejido empresarial», señala.

Comercio destaca los cambios que juegan a favor de la liberalización: el número de hogares ha crecido un 50% en veinte años y casi un tercio están formados por parejas sin hijos, adultos independientes y hogares monoparentales en los que (por la incorporación de la mujer al mercado laboral) todos trabajan «y requieren un horario comercial distinto del horario laboral y, sobre todo, en fines de semana». En 2011 más del 60% de los hogares tenían Internet y casi el 20% de los españoles compraban en páginas web, porcentaje que va en ascenso. Las tiendas físicas cierran los festivos, pero el comercio electrónico sin red de tiendas está permanentemente abierto, lo que perjudica al empleo que generaría el comercio tradicional.

No todos están de acuerdo. La profesora Yagüe también aporta en su artículo motivos de índole económica y social contra de la liberalización. Entre los económicos señala -apoyada en datos del INE- que la libertad horaria «no lleva aparejada un incremento paralelo de la cifra global de negocio». También cree que «genera un incremento de costes salariales que se traslada a los precios» y que afecta a la competencia entre el gran comercio y el pequeño, en detrimento del último. En el ámbito social destaca el «deterioro de la vida ciudadana en los centros de las ciudades» y la «falta de conciliación de la vida familiar y laboral de empleados y propietarios de los pequeños comercios». Yagüe concluye que la liberación «no ha resultado ser un factor dinamizador».