El PSOE pretende que la Iglesia pague impuestos por sus inmuebles

El PSOE considera que «no es admisible» que en una época de crisis la Iglesia Católica esté exenta de pagar impuestos por sus inmuebles. Para intentar acabar con esa situación, los socialistas presentarán en los próximos días mociones en todos los municipios para que los ayuntamientos cobren el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al clero por las propiedades que tengan y no estén destinadas al culto.

La iniciativa del PSOE va dirigida también a las confesiones religiosas, como la judía, protestante y musulmana, que disfrutan de esos beneficios. La Iglesia, sin embargo, es la gran propietaria. El historiador Stanley G, Payne calcula que tiene 100.000 inmuebles. Si la Conferencia Episcopal pagara el IBI por esos bienes debería desembolsar en las arcas de Hacienda algunos cientos de millones de euros por año, aunque hay quien lleva la cifra hasta los 2.000 millones.

El clero está exento de estas obligaciones fiscales merced a los acuerdos de 1979 con la Santa Sede, y están libres de cargas los templos -desde las ermitas a las basílicas- los edificios destinados a la actividad pastoral, colegios, conventos, seminarios, casas de ejercicios espirituales, oficinas de la Iglesia, pisos, plazas de garaje y un largo etcétera.

El PSOE considera en la moción que presentará al pleno de los más de 8.000 ayuntamientos de España que en un momento en que se exige a los ciudadanos «un esfuerzo solidario» para superar la crisis en forma de aumento de impuestos, rebajas salariales o recortes del gasto social, la Iglesia no puede seguir «disfrutando de beneficios especiales». La propuesta socialista plantea a los consistorios que realicen un censo de los inmuebles rústicos y urbanos de la Iglesia Católica y de otras confesiones «para poder así girar el IBI a todos aquellos bienes inmuebles cuyo destino no esté vinculado al culto».

El principal partido opositor también propone que los ayuntamientos insten al Gobierno a que revise el Concordato para acabar con estas situaciones de excepción. Plantea asimismo que los consistorios reclamen al Ejecutivo una reforma de las leyes de Haciendas Locales, Mecenazgo y Fundaciones para liquidar los privilegios de la Iglesia contemplados en esas normas.

La iniciativa, en teoría, tendrá posibilidades de prosperar en los ayuntamientos que no estén gobernados por el PP o por CiU. Estos dos partidos se opusieron en el Congreso a una proposición apoyada por el PSOE, IU y UPyD para terminar con el trato de favor fiscal a la Iglesia. Pero una cosa son las políticas en el Parlamento y otra las realidades municipales, y los ayuntamientos de Zamora, Palencia y Salamanca, los tres gobernados por los populares, han anunciado que cobrarán el IBI a la Iglesia por sus bienes inmuebles.

La Conferencia Episcopal ya ha dejado clara su renuencia a ser un contribuyente más del IBI. El cardenal Antonio María Rouco Varela advirtió hace unos días que si se obliga al clero a pagar ese impuesto podría tener consecuencias en «otras acciones de la Iglesia, como la que desarrolla Cáritas». Palabras que motivaron la airada respuesta de los socialistas, cuyo secretario de Política Municipal, Gaspar Zarrías, recordó al cardenal que ese organismo se financia con «los impuestos de todos los ciudadanos a través de las subvenciones de ayuntamientos, comunidades autónomas y administración central». El dirigente del PSOE retó además a Rouco a que dijera «cuánto ha puesto la Iglesia en los últimos años del presupuesto de Cáritas porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa». La Conferencia Episcopal, según los datos de la propia ONG, aporta el 2% de los recursos económicos de Cáritas.