Gobierno y PSOE pasan la página del 'caso Dívar' en el Poder Judicial

Gobierno y PSOE prefirieron pasar rápido la página del 'caso Dívar' en el Consejo General del Poder Judicial. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría afirmó ayer que lo relevante es que las instituciones tengan «estabilidad» aunque dejó caer que el gobierno de la judicatura debe ser más transparente. Petición a la que se sumó Alfredo Pérez Rubalcaba, quien tampoco quiso remover el asunto y mostró su respeto por la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia contra Carlos Dívar.

El Ejecutivo está cómodo con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y no quiere introducir ahora cambios en la la institución. El PSOE, a su vez, también es poco partidario de los movimientos en el Consejo porque el relevo de Dívar implicaría que el conservador Fernando de Rosa, vicepresidente de la institución, tomaría las riendas. Prefiere dejar las cosas como están, no en vano Dívar fue un nombre de consenso pactado por José Luis Rodríguez Zapatero y Rajoy en septiembre de 2008 para presidir la judicatura.

Así las cosas, el episodio de los casi 13.000 euros de gastos particulares de Dívar en sus viajes de fin de semana a Marbella cargados al erario del Consejo no tendrá trascendencia política. El Gobierno y el PSOE, no obstante, reclamaron al Consejo que mejore sus mecanismos de transparencia, una alusión directa a que derogue la disposición de 1996 para no tener que justificar los gastos de los vocales en sus viajes oficiales. Sáenz de Santamaría defendió que se justifiquen «todos los gastos» sin excepción. «Esa es la mejor garantía», agregó, para que no haya sombras de duda sobre nadie. Pero en relación al caso concreto de Dívar, «la Fiscalía ha tomado una decisión (archivar la denuncia) y el Gobierno la respeta», resumió la vicepresidenta.

Rubalcaba utilizó un razonamiento muy similar, «respeto a la actuación del fiscal», para no comentar la conducta del presidente del Poder Judicial. El líder de la oposición también se sumó a la petición de «un ejercicio de transparencia» en las cuentas del Consejo para que «estas cosas no vuelvan a pasar».

Apoyo a la denuncia

El secretario general del PSOE, no obstante, rompió una lanza en favor de José Manuel Gómez Benítez, el vocal que denunció a Dívar, y respaldó que presentara la denuncia. No en vano este vocal del Consejo es uno de sus hombres de confianza, al punto de que cuando era ministro del Interior lo incluyó en la comisión gubernamental que mantuvo las conversaciones con ETA dentro del llamado proceso de paz abierto en 2006.

Dentro de la entidad también se impusieron las llamadas a la tranquilidad. El vicepresidente, Fernando de Rosa, consideró «suficientes» las explicaciones dadas por Dívar sobre sus gastos, explicaciones que, por otra parte, no son públicas porque fueron dadas a los vocales en un pleno a puerta cerrada. De Rosa también se mostró sensible a las demandas de transparencia y anunció que «antes del verano» se adoptarán medidas para que los ciudadanos sepan «dónde va el dinero» que se gasta en el Consejo. No especificó, empero, en qué van a consistir los requisitos.