Los pequeños comercios ya no precisarán licencia previa para iniciar su actividad

El Gobierno acabó ayer de un plumazo con el sistema de licencias municipales de apertura de comercios, que estaba en vigor desde 1955, cuando fue creado por el franquismo como medio para controlar e incluso limitar el acceso de los ciudadanos a la actividad comercial. En adelante, ningún comercio de menos de 300 metros cuadrados necesitará licencia previa para iniciar su actividad. Bastará una declaración responsable del emprendedor y un informe técnico que certifique que el establecimiento cumple las ordenanzas municipales.

El objetivo del decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros es liquidar un proceso burocrático que provocaba importantes dilaciones (entre seis meses y dos años, según fuentes del Ministerio de Economía) en las aperturas. Tardanzas que, según el departamento, acarreaban costes adicionales a los emprendedores, que tenían que sumar a la inversión en reformas del local las pérdidas derivadas de no poder abrir por falta de permisos pero sí tener que pagar el alquiler o las cuotas de la hipoteca.

Para un comercio de 50 metros cuadrados, Economía estima ese sobrecoste derivado de las demoras en entre 50.000 y 132.000 euros por año, según la ciudad y la zona de ubicación de la tienda. En la práctica eso no siempre era así. Las fuentes consultadas reconocen que algunos municipios, conscientes de los problemas que ocasionaba la lentitud administrativa, hacían la vista gorda y permitían a muchos negocios abrir -y operar al margen de la legalidad- mientras tramitaba sus licencias.

A partir de la publicación en el BOE de la normativa, el comerciante solo estará obligado a entregar a su ayuntamiento una declaración responsable en la que asegure cumplir todos los requisitos exigibles para desarrollar su actividad. Tendrá que ir acompañada de un justificante que acredite el pago de las correspondientes tasas municipales y de un informe de un profesional competente que acredite que el local es apto para el negocio que se va a emprender y que cumple la normativa local, por ejemplo en materia de higiene y seguridad. «En cuestión de 15 días el local podrá estar abierto», apuntan en el Ministerio de Economía.

El texto establece, no obstante, controles a posteriori. Faculta al ayuntamiento para verificar el cumplimiento estricto de la legalidad, para realizar inspecciones del negocio y establecer sanciones, si fuera necesario. El decreto introduce, además, facilidades para la colaboración entre los consistorios y empresas privadas en lo concerniente a las tareas de comprobación de requisitos, verificación, inspección y control. El Gobierno confía en que la obligación de pago anticipado de las tasas municipales de apertura supondrá una fuente de ingresos para los ayuntamientos.

Excluidos los bares

La norma está dirigida solo a empresas del comercio minorista, con establecimiento permanente cuya superficie no supere los 300 metros cuadrados. Su ámbito de actuación se extiende a actividades como alimentación, frutería, carnicería, pescadería, panadería, parafarmacia, textil, confección, equipamiento de hogar, electrónica, muebles, materiales de construcción, ferretería, calzado. y otras. Quedan excluidos los bares y la hostelería, que seguirán necesitando licencia previa por razones de aforo, seguridad y para poder certificar el cumplimiento de requisitos más específicos como, por ejemplo, disponer de salidas de humos. El decreto también deja fuera las actividades con impacto en el patrimonio artístico (locales ublicados, por ejemplo, en edificios históricos) y que supongan la ocupación de bienes de servicio público (por ejemplo, la instalación de terrazas).

Los establecimientos que ya hayan solicitado con anterioridad una licencia podrán optar por acogerse de inmediato al nuevo régimen o por dar continuidad a los expedientes ya iniciados.