Hungría da marcha atrás en su polémica ley de medios

El Parlamento húngaro -donde el partido derechista Fidesz del primer ministro, Viktor Orban, controla dos tercios de los escaños- aprobó ayer una ley de medios de comunicación mucho más suave que la elaborada hace año y medio, que provocó un enorme descontento en el país y firmes condenas en Europa. El cambio se centra fundamentalmente en que los periodistas ya no tendrán la obligación de revelar sus fuentes. Antes de su modificación, los medios quedaban bajo control del Estado, como en tiempos del comunismo; los periodistas, indefensos ante las arbitrariedades de los poderes fácticos; y la libertad de información y expresión, muy mermada.

La Unión Europea (UE) condicionó la concesión de la ayuda financiera que necesita Hungría para salir adelante económicamente a una necesaria reforma de la ley de medios. Orban entendió así el mensaje de Bruselas y maniobró para ganar tiempo. El pasado día 11, el Fidesz presentó las modificaciones de la ley en la Cámara baja, lo que fue interpretado positivamente por el Consejo de Europa, que consideró que el cambio va «en el buen sentido». A pesar de la modificación de la norma, sigue vigente la poderosa Autoridad Nacional de Medios de Comunicación (NMHH), cuyo objetivo es controlar el trabajo de la prensa. Esta institución ha recibido críticas de muchos periodistas, así como de ONG defensoras de los derechos humanos, porque está formada por personas próximas a Viktor Orban que ejercen una labor de control político.

Bruselas expresó su «gran inquietud» por la naturaleza del NMHH y advirtió de que «es muy importante que las personas elegidas sean independientes y no estén ligadas al Gobierno o a fuerzas políticas». Desde que Orban ganó las elecciones legislativas hace dos años, Hungría es una fuente de preocupación en la UE, que teme que el país derive en un sistema autoritario.

La alarma cundió en Bruselas tras la aprobación por parte del Parlamento húngaro de una nueva Constitución -que entró en vigor el 1 de enero- muy alejada de los parámetros comunitarios y por el dominio que el Gobierno de Orban intenta ejercer sobre la vida económica y financiera a través del Banco Central Húngaro. El control del primer ministro se ha extendido también hasta el aparato judicial y la vida política e institucional del país magiar.