La educación, a debate

Sí: ¡una vez más! Desde la Ley General de Villar Palasí, ministro con el régimen político anterior, hasta nuestros días, no ha habido ningún dirigente de Educación que se haya privado de partear 'su' Ley. A veces como la ley general, a veces con medidas de inferior rango. Para quienes nos dedicamos a la enseñanza resulta auténticamente milagroso saber por qué plan de estudios han estudiado nuestros alumnos. La variedad no tiene fin. Acaso lo único común es que cada vez peor. ¡Vamos para atrás! Desde que se condenaron a la desaparición la memoria y las lenguas clásicas, lo que reina es la absoluta mediocridad. Si para algún lector esta afirmación resulta exagerada, traigo a colación un ejemplo personal. Primer curso de Derecho. Hago una encuesta anónima entre los alumnos para orientarme sobre el nivel. Diez preguntas de conocimiento que debiera ser general y realmente fáciles (autor de la 'Divina Comedia', siglo en que aparece 'El Quijote', una obra de Falla, etc.). Pues bien, la única respuesta que se acierta es el nombre de la esposa del Príncipe Felipe. Mi pésame a los encuestados y mi felicitación a la mujer del Príncipe de Asturias. Así nos encontramos.

En nuestros días, el actual ministro del PP ha lanzado, sin mucha conexión que digamos, una serie de medidas que cubren todo el proceso educativo. De entrada, hubiera parecido más lógico parcelar dichas medidas que, aunque no lo parezca, están estrechamente unidas y merecen tratamientos singulares. No he oído hablar de nueva Ley y cuanto sabemos nace de comentarios o declaraciones más o menos oficiales, tanto del Ministerio, como de los afectados por las medidas que se anuncian. Por ello, resultaría propio de osadía un comentario general 'al todo', cuando todavía parece que no se ha llegado al final. A esto hay que unir, además, que el clamor contra estas medidas goza de un amplio apoyo por tratarse, precisamente, de dos circunstancias. Primero, porque afectan sustancialmente a jóvenes, siempre más dados a la manifestación y protesta. Y, segundo, porque estamos ante uno de los aspectos más vinculados al llamado Estado de Derecho. Tocar, simplemente tocar, derechos humanos, educación y sanidad, tres pilares del citado calificativo, comporta, de entrada, protestas o alabanzas fuertemente expandidas. O de otra forma dicho, en ninguno de esos terrenos la labor es similar a subir el tabaco o cambiar el nombre de una calle. Tiempo, espera y mucho estudio se imponen antes de llegar al BOE.

En principio y para alejarnos de la demagogia, el trasfondo de propiciar mayores índices de calidad en todos los niveles de enseñanza, más esfuerzos y mejores resultados o superior grado de disciplina o respeto hacia el profesorado, mejores niveles para mantener una beca (por supuesto, las becas deben multiplicarse) y que el acceso a la Universidad no sea un coladero, son todos aspectos positivos. La educación se paga con un dinero público que también tiene que ayudar a los parados o a los pensionistas y que, por ende, no debe contemplar sin asombro que un estudiante repita eternamente un curso no aprobado. Por supuesto, hay otras medidas anunciadas que merecen alguna crítica o, al menos, mayor reflexión. Son las meramente económicas y nada tienen que ver con el anunciado ascenso en la calidad de los estudios.

Pero, una vez más, han faltado dos facetas que me parecen esenciales y previas antes de cualquier reforma educativa.

En primer lugar, la elaboración estatal de un estudio planificador que ponga de relieve las salidas profesionales que el país necesita en estos momentos y en el inmediato futuro. ¿Más abogados? ¿Más médicos o ingenieros en esto o aquello? ¿En cuántos pueblos españoles faltan escuelas y maestros? ¿En cuántos un ambulatorio con médico? No se ha hecho nunca. Y por ello viene el posterior paro. Comprendo que se pueden lesionar algunas vocaciones. No hay remedio. También es cierto que muchos jóvenes se matriculan en esto o en aquello casi por casualidad, sin conocer el contenido de la carrera elegida y sin un ápice de vocación. Vaya lo uno por lo otro.

Y, en segundo lugar, realizado el anterior análisis, la celebración de un gran Congreso de Profesores en el que se puedan discutir con libertad los problemas existentes y las soluciones para cada uno de ellos. La instauración de pequeñas comisiones no me parece algo suficiente: siempre será discutible su composición y, además, cada uno de sus miembros hablará desde su especialidad. El problema de las prácticas en Medicina o en Ingeniería no tiene nada que ver con las de Derecho o Filosofía y Letras. Es en el propuesto Congreso donde todo puede salir a escena. Y no hay que asustarse: a fin de cuentas, estamos viviendo momentos en que cada semana hay un congreso. O peor: una manifestación. Lo que sí asusta es leer con vergüenza que la Universidad de Santiago de Compostela «paga las horas dedicadas a las manifestaciones, mediante un pacto con los sindicatos para animar al personal a que apoye las marchas contra el decreto del ministerio». Hay que suponer, con bondadoso pensamiento, que en dicha Universidad hay abundancia de laboratorios y excelentes profesores en formación.

Si nos olvidamos de estos dos requisitos, la educación, en sus distintos niveles, será siempre un tema a debate. Y nuestros centros de enseñanza, desprestigiados en todos los estudios a nivel mundial. Aunque eso sí: todos 'muy democráticos'.