Órdago del Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) lanzó ayer un órdago a los dos grandes partidos para que procedan sin más demora a la renovación pendiente de la alta institución. El Pleno del TC aprovechó la expectación creada en torno a la sentencia de Sortu para amenazar al PP y al PSOE con «medidas muy drásticas» si el Parlamento sigue sin «cumplir con su deber» de nombrar a los nuevos vocales. El Congreso ha sido incapaz de renovar desde noviembre de 2010 a tres de los doce magistrados que han cumplido su mandato: Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera. Resulta vergonzoso que ni siquiera se haya nombrado al sustituto de Roberto García Calvo, fallecido hace cuatro años. La irritación de los magistrados ante la irresponsabilidad de los grandes partidos ha sido creciente y justificada. El pasado abril, el presidente del TC, Pascual Sala, ponía por última vez de manifiesto en público la situación de «incumplimiento de la Constitución» en la que se encuentra este órgano debido a la falta de acuerdo para renovar a sus miembros 'interinos'. Sala podría ahora aceptar la dimisión de todos los demás vocales, o bien tan sólo la de los tres cuyo mandato ha caducado, lo que dejaría al TC con los miembros justos para la existencia de quórum. La incapacidad de PP y PSOE para llegar a acuerdos no solo afecta al Constitucional, sino también al Tribunal de Cuentas, al Consejo de RTVE y al Defensor del Pueblo. Por si acaso, el Gobierno, consciente de que los partidos seguirán en sus trece, ha reformado ya la ley del audiovisual público para que no sea necesario el consenso... a costa de cancelar la neutralidad de RTVE y de convertir de nuevo los medios estatales en órganos de partido. El 15 de febrero, después de cuatro horas de una conversación «franca y a fondo» (sic), el presidente del Gobierno y el líder de la oposición acordaron darse de plazo este período de sesiones para conseguir tales consensos. Gobierno y oposición deben dar cuanto antes respuesta a la justificada irritación del alto tribunal y remediar esta situación de flagrante alegalidad si no quieren que la imagen de la clase política y de la Justicia añada un mayor deterioro del que ya ostenta en estos momentos ante la opinión pública.