La juez de los ERE impone una fianza de 807 millones al exconsejero andaluz de Empleo

El exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, deberá hacer frente a una de las fianzas por responsabilidad civil mas altas impuestas en nuestro país. La juez que investiga el supuesto fraude de los ERE pagados con dinero público ha fijado un importe de 807,4 millones de euros, cantidad similar a todas las ayudas concedidas con cargo a la partida presupuestaria que la juez cree irregular.

El auto fue notificado el martes a todas las partes, casi un mes después de que Fernández, el cargo político de mayor rango implicado hasta ahora en el caso, ingresara en prisión imputado por cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y negociación prohibida a funcionario, así como otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil. Ya entonces la Fiscalía Anticorrupción señaló al exconsejero como la persona que, desde sus distintas responsabilidades "ideó y elaboró" el convenio que permitió que las ayudas al empleo se concedieran mediante transferencias a empresas públicas, lo que según la jueza permitía eludir cualquier control.

Atendiendo a este papel "principal", el fiscal fijó su petición de fianza por responsabilidad civil en 890 millones de euros, cantidad que ahora la jueza ha rebajado a 807,4 millones. Esta cantidad, según fuentes judiciales, incluye las ayudas directas a empresas, las individuales (prejubilaciones) y las primas pagadas a las empresas mediadoras entre 2001 y 2010. El exalto cargo andaluz podrá hacer frente a la misma con dinero, bienes o acciones.

Inferior a la establecida para Guerrero

La fianza exigida a Fernández, que durante la década que se investiga fue director del Instituto de Fomento de Andalucia (IFA), ente con el que se fraguó el convenio, y viceconsejero y consejero de Empleo, es no obstante inferior a la establecida para el exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero, considerado el otro artífice de la trama.

Guerrero, encarcelado desde el 10 de marzo, deberá hacer frente a una fianza de 696 millones de euros, para lo que la juez ha reclamado que se le embarguen sus cuentas corrientes y que el Registro de la Propiedad cuantifique sus bienes. El embargo de cuentas ha sido adoptada también con su suegra, que fue incluida en el expediente de regulación de empleo de una empresa para la que nunca trabajó, y con otros cuatro implicados, a los que pone una fianza total de 4,7 millones. Entre ellos se encuentra la dueña de un restaurante que se benefició de una de las ayudas, que se enfrenta a una fianza de 1,9 millones y que a partir de ahora no podrá disponer de sus acciones en el negocio.