Los vocales del Consejo se dividen ante una posible dimisión de Dívar

El archivo de la denuncia por malversación contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, parece no haber apaciguado las aguas que bajan revueltas en el órgano de gobierno de los jueces. El hecho más palpable es que el lunes, tan solo unas horas después de que la Fiscalía exculpara a Dívar por sus gastos secretos, los vocales no hicieron una defensa cerrada de su presidente tras una reunión informal de más de dos horas.

Es más, lejos de mostrarle su apoyo, la mayoría de los 17 vocales presentes en esa reunión de urgencia emplazaron a su superior a que explicara de forma pormenorizada los gastos, a cuenta de protocolo, de los 20 viajes a Marbella que fueron objeto de la denuncia presentada por el vocal José Manuel Gómez Benítez. Y dieron una fecha tope, mañana en un pleno extraordinario. Sin más dilaciones.

Este gesto deja bien a las claras las fuertes tensiones existentes en la principal institución judicial del país desde que se presentó la denuncia el 9 de mayo, todo un torpedo en la línea de flotación de la credibilidad del Poder Judicial, ya de por sí de capa caída a ojos de la opinión pública.

Pese a las críticas a Gómez Benítez por su forma de actuar, denunciar ante la Fiscalía en vez de informar antes al pleno del Consejo, para un grupo amplio de vocales el archivo de la Fiscalía es un cierre en falso. Primero porque Dívar ha callado en los diez días que ha durado la investigación, sin dar explicación alguna; segundo porque esperaban que el presidente diera un paso adelante y asumiera su responsabilidad por el bien del órgano de gobierno de los jueces.

Como ninguna de las dos cosas se produjo, las tensiones en el Consejo crecieron ayer a la espera del pleno extraordinario de mañana. ¿Y cómo se llega a esta reunión? Con la certeza de que gana fuerza la posibilidad de pedir o forzar la dimisión de Dívar, según coinciden varias fuentes del Poder Judicial.

«Mayoría reforzada»

Para reclamar la salida del presidente, un hecho inédito en la judicatura española, es necesario que 13 de 20 vocales unan sus fuerzas en el pleno para lograr una «mayoría reforzada». En cambio, para forzar su dimisión basta con que los consejeros hagan ver al presidente que lo mejor para subsanar la maltrecha imagen de la institución es que se vaya. Y qué mejor momento que ahora, después de que la Fiscalía diera carpetazo a la denuncia. De momento, cualquiera de las opciones está encima de la mesa, aunque la segunda parece más factible.

Mientras tanto, los vocales siguen manteniendo reuniones en pequeños grupos para ver qué hacer. Lo sorprendente es que los equilibrios entre conservadores y progresistas parecen saltar por los aires en este caso. Sobre todo en la posición conservadora, mayoritaria en el Consejo, y que en teoría debería de dar su apoyo a Dívar.

Fuentes conocedoreras de las reuniones señalan tres grupos: los vocales que tienen la intención de secundar la petición de dimisión de Dívar que tiene previsto plantear Gómez Benítez; aquellos que no se sumarán, pero que consideran que es intolerable la posición en que ha quedado el Consejo; y los que se conforman con las explicaciones dadas por el presidente y entienden que el denunciante actuó a sus espaldas.

A estos movimientos previos al pleno se suman varios espectadores de excepción: el Ministerio de Justicia, que dice mantenerse al margen, según fuentes del ministerio, aunque Alberto Ruiz-Gallardón consideró el lunes que Dívar había salido fortalecido con el archivo; y las asociaciones de jueces, que se dividen ante el futuro del presidente del Poder Judicial. Los progresistas están a favor de la dimisión y los moderados y los conservadores, en contra.