El Constitucional amaga con parar si PP y PSOE no renuevan la institución

Ya son directamente amenazas ante una situación que no tiene precedentes. El Constitucional amaga con ir a una suerte de huelga encubierta o con dejar de funcionar. Los magistrados ya no descartan ninguna medida de presión por «muy drástica que sea» a la vista de que llevan meses quejándose en todos los foros y de que nadie escuche sus demandas. Cualquier cosa para forzar a PP y PSOE a que lleguen cuanto antes a un acuerdo en el Congreso para renovar a tres de los doce magistrados que componen el pleno y que llevan año y medio ejerciendo en una situación de alegalidad. Y también para que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo y nombren al sustituto del Roberto García-Calvo, fallecido en mayo de 2008. El toque de atención no pareció surtir mucho efecto pues populares y socialistas se volvieron a culpar unos a otros del bloqueo, como hacen desde hace meses.

Como punto estrella de la agenda de ayer en el Constitucional estaba el recurso presentado por Sortu, pero hacía días que los magistrados habían decidido que no iban a ponerse a discutir sobre la suerte de la formación independentista a la que Interior negó la inscripción en el registro . Había un pacto entre conservadores y progresistas para usar la expectación creada por el debate sobre la legalizaciónpara lanzar su nueva llamada a rebato en forma de inédita nota de prensa para denunciar que el tribunal lleva cuatro años funcionando con solo once miembros y tres de ellos en situación de interinidad porque «el Congreso no cumple el deber de renovar el tercio que le corresponde».

Dimisiones

A diferencia de los anteriores golpes de efecto de la corte para reclamar su renovación, que hasta ahora no han tenido ningún efecto, el Constitucional llega a las amenazas puras y duras ante lo que califica de «reiterados y duraderos incumplimientos» por parte de socialistas y populares. La «advertencia» de los magistrados es que están dispuestos a «adoptar» todas «las medidas que están en su mano, por muy drásticas que sean, para oponerse a esa indeseable situación».

En la reunión de ayer, sobre la mesa estuvo la doble actuación que se prepara si los dos grandes partidos no pisan el acelerador ya. La primera es la dimisión en bloque de los once vocales, que el presidente de la corte, Pascual Sala, está incluso dispuesto a aceptar habida cuenta de lo extremo de la situación.

La segunda es que Sala dé el visto bueno a la renuncia de su vicepresiente, Eugeni Gay, y de los otros dos magistrados interinos, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado, dejando el tribunal con solo ocho miembros. Ese es el 'quorum' mínimo para tomar decisiones en pleno. Pero a partir de ahí, con que un solo magistrado se ponga enfermo o esté indispuesto o diga estarlo la institución tendría que dejar de funcionar.

Esta última amenaza, en realidad es una reedición de la penúltima llamada de atención del Constitucional sobre su falta de renovación. El 13 de junio del pasado año, en un órdago sin precedentes a PSOE y PP, Gay, Pérez y Delgado ya presentaron su renuncia de forma conjunta en una crisis institucional «calculada» y que fue cortada por Sala, quien no aceptó la renuncia. Algo que ahora sí que estaría dispuesto a hacer.

Sala entonces remitió copia de su resolución al Rey Juan Carlos y a las más altas instituciones del Estado pero de nada sirvió aquel amago de rebelión a la vista de los hechos. Tras esta crisis, el entonces presidente del Congreso, José Bono, hizo un llamamiento a los partidos para acelerar las conversaciones a fin de renovar el Constiucional. Sin embargo, la convocatoria de las elecciones generales el 20 de noviembre diluyó la posibilidad de cualquier acuerdo.

Críticas cruzadas

La respuesta de los dos grandes partidos al sonoro toque de atención de este martes fue la misma de los últimos meses: culpar al adversario político y decir que entienden perfectamente el malestar de los juristas. El portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, descargó todas las culpas sobre el PSOE, a cuyos líderes hizo un llamamiento para que «dejen de utilizar la minoría de bloqueo para evitar la renovación» y se abran a un acuerdo. Señaló que «nosotros tenemos voluntad real de llegar a un acuerdo». El plazo que Rubalcaba y Rajoy se pusieron para pactar la renovación era junio, «por lo que se acaba ya el tiempo».

Soraya Rodríguez, la portavoz socialista, comentó que ni el Gobierno ni el PP han hecho un solo movimiento o una propuesta para proceder a la renovación de la corte y del resto de los órganos constitucionales pendientes desde que Rubalcaba se lo ofreció a Rajoy en sus entrevistas de febrero y marzo. Considera que se ha llegado a esta situación por la «irresponsabilidad» del PP cuando era oposición, que impidió la renovación, y por idéntica actitud ahora que es Gobierno y no toma la iniciativa.