La Fiscalía da carpetazo a la denuncia por los viajes de Dívar

La Fiscalía del Tribunal Supremo borró de un plumazo la sombra de sospecha que se cernía sobre el presidente del alto tribunal, Carlos Dívar, después de que el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, le denunciase por malversar 13.000 euros en 20 viajes a Marbella en tres años que Dívar cargó al presupuesto del órgano de gobierno de la judicatura.

Después de diez días de investigación, el teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín Casallo, concluyó que la actuación del presidente del Consejo del Poder Judicial no revistió responsabilidad penal, ya que no intentó «lucrarse» de esos viajes pese a las «dudas que generan» algunos de ellos, en concreto 12 de los 20, «que tuvieron consideración oficial y luego se vieron prolongados en actividades privadas». Martín Casallo no entró en el fondo de la denuncia, es decir, indagar si estos viajes eran oficiales y conocer su motivación, a pesar de que duraron al menos cuatro días y siempre coincidían con fines de semana.

Para este fin, el número dos de la Fiscalía General del Estado argumentó que el Consejo aprobó en 1996 un reglamento que autoriza los viajes sin tener que justificarlos.

Este blindaje, admite Martín Casallo, «no ha contribuido a la investigación», bien porque se han destruido los justificantes bien porque alguno de esos viajes pudo tener carácter reservado y, como alegó el jefe de gabinete de Dívar, Eduardo Menéndez, «en ocasiones pueden tener una naturaleza no compatible con la publicidad».

Menéndez fue propuesto por Dívar para magistrado del Tribunal Supremo, pero en la votación no alcanzó la mayoría necesaria.

El fiscal recuerda que Gómez Benítez ya intentó que se incluyera en la justificación del gasto «la concreta actividad relacionada con el cargo y las funciones que motiva el desplazamiento», pero que el pleno del Consejo del 22 de marzo lo rechazó, por lo que entiende «ratificada» la normativa vigente desde 1996.

Martín Casallo también recordó que la Intervención General «nunca ha puesto reparo a las cuentas justificativas de los referidos viajes» y sobre el coste de la escolta de Dívar señala que es un asunto que compete al Ministerio del Interior.

El vocal denunciante acusó a la Fiscalía de no realizar una investigación efectiva sobre los viajes, pues no tomó declaración a los presidentes de los tribunales a los que supuestamente el presidente del Supremo «iba a ver los fines de semana». Gómez Benítez se mostró convencido de que «más de 30 millones de españoles seguimos pensando que Dívar no ha ido a trabajar a Marbella».

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, considera que Dívar ha salido «fortalecido» con la decisión «autónoma» de la Fiscalía de archivar la denuncia.