La Junta culpa al Gobierno del malestar de maestros y médicos por los recortes

El malestar de los empleados públicos de la Junta por los recortes de sus nóminas va in crescendo a medida que se conocen las cifras de lo que dejarán de percibir. Un médico especialista interino verá recortada su renta anual en hasta 11.000 euros. Ayer 400 funcionarios protestaron ante la sede de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en Sevilla. Hoy hay una huelga nacional en defensa de la calidad en la enseñanza pública, a la que se suma Andalucía especialmente «indignada» por un plan de ajuste que no despedirá profesores, pero dejará de contratar a al menos a 4.500 eventuales el próximo curso.

Ante este panorama, el discurso del Gobierno andaluz, apoyado por el PSOE, es el de tratar de convencer a los sindicatos que promueven movilizaciones que la culpa de los recortes salariales es del Gobierno por aumentar la jornada laboral y que se ha tomado esta medida para no tener que despedir a nadie. «Es una medida que a nadie le gusta, pero los empleados públicos deberían sentirse orgullosos de que nadie pierda el empleo; se trata de repartir el trabajo para no echar a nadie», insistió la presidenta del PSOE, Rosa Torres, al mediodía.

Una hora después, las consejeras de Educación, Mar Moreno, y de Salud, María Jesús Montero, argumentaban lo mismo a los representantes sindicales en las respectivas mesas sectoriales de sus consejerías. Los sindicatos agradecieron que dieran la cara personalmente, pero nada más. Todos mostraron su total rechazo y anunciaron protestas.

El recorte de 777 millones de euros en retribuciones salariales afecta especialmente a los departamentos de Educación y Sanidad, por el volumen de trabajadores: 98.168 profesionales en la Enseñanza, con 11.000 interinos; y 90.000 en Salud, con 17.000 temporales. Más del 70% del recorte de empleados públicos recae en maestros y facultativos. En Salud la rebaja que debe aplicarse a los salarios es de 262 millones de euros. En general el recorte es de un 5% de media.

Montero hizo ver a los representantes de SATSE, CSIF, UGT, CC OO y Faspi que la orden del Gobierno de aumentar el horario laboral a 37,5 horas obligaría a despedir a 10.000 empleados de la Sanidad. Para que no sea así, es necesario tocar las nóminas. En un comunicado de la consejería, se advierte de que si se prescindiera de estas 10.000 personas la calidad en el servicio se vería negativamente afectada, ya que equivaldría al cierre de un hospital como el Virgen del Rocío de Sevilla o el Regional de Málaga o de la mitad de los centros de atención primaria de Andalucía. También supondría la suspensión de más de 60.000 operaciones quirúrgicas o más de un millón de consultas de especialistas.

Montero también advirtió de que de esta forma la Junta se vería abocada a acudir a las privatizaciones del servicio, con el cierre de plantas de hospitales como en Baleares o Cataluña y la reducción de programas diagnósticos en Castilla-La Mancha.

Rechazo sindical

Los sindicatos rechazaron de forma enérgica los ajustes salariales y pidieron otras fórmulas. «¿Qué delito hemos cometido? En un año nos han bajado el sueldo tres veces», afirma el representantes de UGT, Antonio Macías, en referencia a la bajada del 5% del sueldo que impuso Zapatero, a la subida del IRPF de Rajoy y a esta última medida de la Junta. Macías califica de «brutal» el recorte. «No hay precedentes, nos han devuelto a las retribuciones de 2005».

Afirma que las cantidades son astronómicas, desde los 2.000 euros que pierde un celador hasta los 11.000 de un médico especialista interino. Añade que aunque no se despida, la bolsa de empleo se resentirá, porque no se harán sustituciones apenas.

José Blanco, secretario de la federación de Enseñanza de CC OO, cuenta algo parecido del resultado de la reunión de la mesa sectorial con la consejera de Educación, Mar Moreno. Esta expuso los mismos argumentos que Montero. La Junta ha evitado 3.500 despidos no aplicando la subida de la ratio que aconseja el Gobierno, pero el incremento de la jornada laboral en Secundaria es obligada. Esto podría dejar sin que se volviera a contratar a 4.800 profesores. Blanco estima que habrá más incidencia laboral, ya que las sustituciones se retrasan de dos a 15 días. «En términos formales no se despide a nadie, pero se deja de contratar a muchos profesores», afirma. Blanco añade que la traslación de las políticas del Gobierno a la Junta «supone un merma tanto para empleo en la Educación como para el servicio que se presta».

Los representantes de CSIF, CC OO, AMPE, FETE-UGT y USTEA rechazaron de forma contundente y «sin paliativos» los recortes salariales y se suman a la huelga prevista para hoy, que anoche iniciaron con concentraciones de «vigilia» ante las sedes de las delegaciones provinciales de Educación de la Junta.