MAFO dirá adiós por la puerta de atrás

El gobernador Fernández Ordóñez (ahora solo Miguel, al haber renunciado a su segundo nombre en un fallido intento de evitar que le llamen MAFO), apenas dijo diez palabras de saludo en la conferencia de prensa que junto al presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dio en Barcelona tras la reunión del consejo de este organismo a primeros de mes. El ambiente era de funeral, bien distinto al de hace seis años en Madrid, cuando fue anfitrión su antecesor Jaime Caruana, con los fastos del 150 aniversario del Banco de España.

Draghi ha venido a recordar a España la urgencia de los deberes pendientes, entre ellos la reestructuración bancaria. El gobernador se encuentra de retirada, en abierta confrontación con el Gobierno. A menos de dos meses de salir del cargo, está sufriendo durísimas críticas por la forma en que ha ejercicio la supervisión y por el retraso en exigir cambios y saneamientos a un sector seriamente dañado por el estallido de la burbuja inmobiliaria. La enésima fase de las exigencias a los bancos la lidera el ministro de Economía, con MAFO en un minimizado papel.

La puntilla se la han dado el rendimiento sin condiciones a la sugerencia europea de que auditores externos evalúen los balances de las instituciones financieras españolas y la alta probabilidad de que haya que recurrir a fondos comunitarios para la recapitalización bancaria. Si, finalmente, el Gobierno tiene que pedir fondos al mecanismo de rescate de la zona euro, como asegura el presidente francés, ¿no hubiera sido más fácil ir directamente y desde el principio a atajar el problema?, se preguntan en medios del sector. Además de la pérdida de un tiempo precioso, se está pagando la factura de la desconfianza de los inversores, que repercute en la escalada de la prima de riesgo de España.

El Gobierno de Rajoy -como anteriormente el de Zapatero- cree que tiene que plegarse a todas las recomendaciones de los socios del euro, y el BCE ha ofrecido también su directa supervisión. Al margen de la anomalía que supone el que expertos no vinculados a las finanzas españolas -las grandes firmas no pueden concurrir, para evitar conflictos de intereses- tengan que analizar con enorme celeridad (el plazo máximo es de dos meses) una realidad que solo conocen desde fuera, la iniciativa supone descalificar a la institución encargada de la vigilancia de las entidades financieras.

Entre 25 y 30 inspectores del Banco de España tienen su puesto de trabajo cotidiano en las sedes de los grandes bancos, y son muchos más los que rotan por el resto. Frente a sus conocimientos, los méritos de las valoradoras que parecen contar con más opciones de ganar el concurso -Black Rock y Oliver Wyman- resultan escasos. Black Rock es una gestora dueña del 4,78% del Santander y del 4,45% de BBVA, que son sus únicas recomendaciones de inversión en el sector en España. Seguramente no tiene formada opinión del resto. De Oliver Wyman, filial de la consultora Marsh & McLennan, se sabe que ejerce la asesoría en todo tipo de sectores, de la aeronáutica al comercio minorista. Elaboró un reciente informe que reflejaba los inconvenientes de la dación en pago, por encargo de la Asociación Hipotecaria Española.

Los dirigentes bancarios no han ocultado su malestar por la imposición de este examen externo. También se quejan de la avalancha de requerimientos con criterios distintos -pruebas de estrés, nuevo acuerdo de capital de Basilea y las innumerables fases del saneamiento en España- y no acaban de entender que, como remate, dos firmas extranjeras tengan que revisarlo todo, bajo la tutela directa del BCE.

Desde distintos ámbitos reprochan ahora a Fernández Ordóñez la permisividad cuando las entidades atiborraron sus balances con créditos a promotores inmobiliarios, la lentitud en la reforma de las cajas, así como la pasividad ante las retribuciones escandalosas que se atribuían a sí mismos directivos de instituciones de ahorro arruinadas.

Pero detrás de todos estos errores hay una buena parte de culpa en las decisiones de los políticos que, desde el poder central a las autonomías y los ayuntamientos, celebraron la inversión en construcción, se beneficiaron de los ingresos aportados y se resistieron a ceder cuotas de poder. El 'caso Bankia' es el ejemplo de esa injerencia.