La Casa Real seguirá al margen

Pese a las peticiones de varios partidos y de múltiples organizaciones ciudadanas, el Gobierno no incluirá a la Casa del Rey entre las instituciones del Estado que quedan obligadas a realizar un importante ejercicio de transparencia de su gestión. El Ejecutivo insiste en que no es posible porque no es una administración pública. La ley sí que obliga a divulgar todos los detalles de gestión a las empresas, organismos y fundaciones públicas, a las Cortes, al Poder Judicial, a los tribunales Constitucional y de Cuentas, los consejos de Estado y Económico y Social, y al Defensor del Pueblo. Según el anteproyecto, incluso obligará a las empresas privadas en sus contratos con las administraciones públicas.