La Junta se queja del trato desigual del ministro Montoro con Andalucía

El Gobierno andaluz cargará sobre la obra pública el nuevo recorte de 220 millones de euros que el Ministerio de Hacienda y Administración Pública le obliga a hacer para no ser intervenida. Fuentes del Gobierno andaluz confirmaron a este periódico que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, estudiará con las consejerías a qué proyectos de inversiones aplicar la tijera o ralentizar la ejecución de las mismas. La Junta había suprimido 570 millones de euros en inversiones en el Plan de Reequilibrio Económico presentado para cumplir con el déficit y que iba a suponer un recorte de 2.500 millones a los Presupuestos. Ahora deberá sumar los 220 extra impuestos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del jueves para lograr aprobar su examen. Andalucía, que cerró 2011 con un déficit del 3,2% del PIB, debe garantizar con sus cuentas que no sobrepasará este año el 1,5%.

El Gobierno andaluz expresó ayer su malestar no tanto por el nuevo reajuste, sino por el modo de proceder del ministro Montoro, quien volvió a expresar ante el resto de consejeros autonómicos sus dudas sobre la solvencia andaluza. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, lamentó, en una entrevista en la cadena Ser, que a Andalucía se le exija más que a otras, lo que calificó de «injusticia». Del mismo modo, la consejera de Presidencia, Susana Díaz, se quejó en Córdoba del «trato desigual» del Gobierno con Andalucía, según Europa Press.

Díaz se refirió sobre todo a la raíz del encontronazo entre Montoro y Martínez Aguayo desde el comienzo de la reunión. Para Díaz, el ministro mostró intencionadamente una desconfianza sobre el plan andaluz cuando no hizo lo mismo con el de otras comunidades con peores datos financieros y económicos que Andalucía.

Montoro rechazó primero el plan andaluz porque en su previsión de ingresos incluye 300 millones por el alquiler y venta de inmuebles, operación que el pasado año fracasó en parte. Martínez Aguayo le recordó que otras comunidades también habían presentado propuestas similares y no les puso reparos. Susana Díaz desveló ayer que se refería a Murcia, comunidad gobernada por el PP.

Las objeciones de Montoro

Montoro objetó luego la previsión de ingresar 506 millones de euros de fondos europeos de los 2.400 adelantados por la Junta para inversiones en infraestructuras y que quiere cobrar este año agilizando las certificaciones. La intervención del consejero de Hacienda de Cataluña propició una negociación de última hora que culminó en el aprobado andaluz por los pelos. Andalucía asumió 220 millones más de recorte y Montoro le dio el visto bueno a su plan de reequilibrio.

Pero la bronca ha dejado mal sabor de boca al Gobierno de izquierdas andaluz. «El Gobierno de España tiene que ser responsable y tiene que mirar con lupa los planes de otras comunidades autónomas, pues la tensión que se produjo respecto a Andalucía evidenció un trato desigual», manifestó Susana Díaz.

Griñán calificó de «ejercicio de responsabilidad» el ajuste de Andalucía, pese a las mayores exigencias de Madrid, ya que «se le está aplicando el 20% del esfuerzo de déficit que tienen que hacer todas las comunidades». Griñán también advierte de que la aportación a la riqueza nacional es del 14% y de que «somos una comunidad mucho menos endeudada que la mayoría».

Menos diplomático se mostró Diego Valderas. El vicepresidente de la Junta opina que el Gobierno central tenía premeditado intervenir Andalucía, pero le han faltado argumentos después del «sacrificio realizado». Valderas dijo que no consentirá más recortes y tildó de «exigencia salvaje e injustificada» el nuevo ajuste de 220 millones de euros.

La delegada del Gobierno, Carmen Crespo, tachó de «injustas» las críticas de la Junta a los reparos de Montoro. Crespo dijo que los 506 millones de fondos europeos son unos ingresos «irreales» que pueden o no pueden venir, por lo que el ministro hizo bien en advertir que de no ingresarse, el déficit se dispararía.

Por otro lado, la Junta aclaró ayer a los sindicatos que no hay vuelta atrás en la bajada de salarios a los empleados públicos. Representantes de la Consejería de Hacienda explicaron a los sindicatos de la Mesa de la Función Pública estar abiertos a aplicar las bajadas salariales de distinta forma, pero la reducción del 5% de media prevista es inamovible. También rechazan buscar otras alternativas. Los sindicatos han anunciado movilizaciones contra el plan de la Junta, que ahorrará 777 millones con esta medida.