La Junta debe llegar hasta el final

Si la situación que viven miles de españoles en los últimos años deja un aprendizaje colectivo es que los fondos públicos, el dinero comunitario, debe ser respetado como lo que es: la propiedad de todos. Hasta ahora, demasiados ejemplos dicen que la filosofía imperante en la administración autonómica era la contraria: el descuido porque no era de nadie en concreto. El presunto desvío de hasta 3,6 millones de euros en el ente público Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) se antoja demasiado grave como para quedar archivado sin más en un mar de dudas.

La Consejería de Educación ha tomado algunas medidas previas, como apartar de sus funciones a dos técnicos que podrían haber tenido alguna relación, por acción u omisión de su responsabilidad de control, en la supuesta 'pérdida' de esa cantidad de dinero a través de obras en centros escolares que nunca llegaron a realizarse o cuyas facturas fueron engordadas. Pero esas decisiones, o la colaboración en la investigación judicial, no deben servir de argumento para levantar una cortina de humo tras la que se oculten las responsabilidades políticas. Ningún empeño más importante para un dirigente público que velar por el buen uso de los fondos de todos, más aún cuando están destinados a un fin tan necesario como construir, mantener o mejorar las instalaciones en las que estudian los alumnos de la escuela pública.

Unas cuantas cabezas de turco no son suficientes. Hay que llegar hasta el final y, con las resoluciones judiciales como verdad indiscutible, aclarar si hubo dirigentes públicos que fallaron a la hora de mantener los controles fundamentales para conocer dónde y cómo se gastaba ese dinero. Si los desfases detectados por la Agencia Tributaria se demuestran ciertos en un tribunal, el precio a pagar por la irresponsabilidad no puede caer solamente en unos pocos altos funcionarios.