Los adjudicatarios de contratos públicos se someterán a la ley de Transparencia

El Consejo de Ministros ha dado vía libre al anteproyecto de la Ley de transparencia, que tiene como objeto principal que la actividad y las cuentas de las administraciones sean más accesibles para los españoles y que los responsables de lo público respondan por su gestión. Según ha señalado al término de la reunión la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santarmaría, "uno de los elementos que da credibilidad al país es la transparencia de sus instituciones".

El anteproyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que ya fue llevado al Consejo de Ministros el pasado 23 de marzo, obligará a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permitirá a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos. De igual manera, impondrá sanciones a los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida por los tribunales o los órganos de fiscalización contable y considerará delito el despilfarro de dinero público.

Una de las principales novedades ha sido la inclusión de los colegios públicos dentro de las corporaciones de derecho público, así como los adjudicatarios de los contratos públicos, obligados a partir de ahora a informar sobre su gestión. Se amplía asimismo la información sobre los contratos con nuevos elementos, como desistimientos y renuncias, y entran en la ley los contratos menores -que no estaban en el borrador- sobre cuyos montantes y principales aspectos se dará información trimestral. Asimismo, el Ejecutivo ha decidido reforzar la independencia de la futura Agencia de Transparencia -hasta ahora Agencia de Calidad de los Servicios- con un régimen de nombramiento de su presidente similar al de los organismos supervisores.

La Casa del Rey, exenta

Según ha explicado la vicepresidenta, el anteproyecto contempla una serie de infracciones por el incumplimiento de la normativa en relación a la existencia de conflicto de intereses, de las obligaciones en fondos públicos y del régimen disciplinario que debe ser aplicable a los altos cargos. La Casa del Rey queda finalmente exenta de someterse a la futura norma a pesar de las peticiones al respecto, ya que el Ejecutivo ha insistido en que no se trata de una administración pública. Igualmente quedan fuera de la ley las materias "importantes o sensibles", como aquellas que puedan afectar a la seguridad nacional o las relaciones exteriores. Igualmente, se aplicará como hasta ahora el silencio negativo en cuestiones que puedan perjudicar a terceros por la "dificultad" de las limitaciones, según ha señalado la vicepresidenta, a pesar de la petición ciudadana de que se convirtiera en un silencio positivo.

Tras analizar las aportaciones de los ciudadanos -casi 3.700, después de 78.000 consultas por internet al anteproyecto- el Ejecutivo ha decidido además reforzar la creación del Portal de la transparencia, que consistirá en "una página web única en la que todos los ministerios incluirán su información", según ha explicado la vicepresidenta. De igual manera, el Gobierno tiene la intención de llevar a cabo una "simplificación normativa" con el objetivo de reducir el número de leyes y hacerlas más sencillas.

El Ejecutivo espera aprobar la Ley de Transparencia en el próximo periodo de sesiones, según ha señalado Sáenz de Santamaría, que ha recordado que el anteproyecto se envía ahora a la Agencia de Protección de Datos y al Consejo de Estado, que lo estudiarán antes de la remisión a las Cortes. La norma entrará en vigor al día siguiente de cuando se publique en el BOE en lo relativo al buen gobierno, pero para cumplir con la transparencia se dará un año de plazo a las administraciones y organismos sometidos para que adapten sus sistemas informáticos y sus páginas web.