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Aspecto de la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera presidida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, (en el centro), y que reunió ayer a los consejeros de las 17 comunidades. :: J. MEDINA / REUTERS
ESPAÑA

El Gobierno fuerza a las autonomías a redoblar el ajuste previsto en sus planes

Las comunidades bajarán gastos y subirán ingresos por importe de 18.349 millones en vez de los 10.000 iniciales

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El Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado para evaluar los planes económicos de reequilibrio de las comunidades autónomas, derivó en una reunión tensa en la que el Gobierno tuvo que mostrar su peor cara a los 17 consejeros para imponerles este año un ajuste global de 18.349 millones, casi el doble de los 10.000 millones previsto. El objetivo es reconducir el déficit desbocado de estas administraciones hasta el 1,5% del PIB en 2012. «Ha sido un sufrimiento, ha habido diferencias con todo el mundo», aseguraron al término del cónclave fuentes del Gobierno.

Los 18.349 millones son la suma de unos recortes de gastos que deberán acometer todas las autonomías por importe de 13.071 millones más incrementos de ingresos por 5.278 millones. Esa mayor recaudación se sustanciará por la vía de subidas de impuestos y mediante la venta de activos públicos, según explicaron al término de la reunión el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Los gobiernos autonómicos se aplicarán, por tanto, a la hora de exprimir sus capacidades normativas en materia tributaria. Beteta ya dio algunas pistas de por dónde irán los futuros golpes al bolsillo de los consumidores: subidas del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la creación de nuevas figuras impositivas de tipo medioambiental, la llamada fiscalidad 'verde', y el famoso céntimo sanitario, cuya extensión según explicó el secretario de Estado irá «avanzando hasta agotar la capacidad que se le ha dado».

De nuevo, el tijeretazo que se aplicará al gasto sitúa a la sanidad y a la educación públicas entre sus objetivos preferentes. Según explicó Beteta, el plan global con que el Ejecutivo se marchó de la reunión con las comunidades contempla una «importante utilización» de las previsiones contenidas en los reales decretos ley 14 y 16 de 2012, que fijaban recortes de hasta 10.000 millones este año y el próximo en estas partidas.

Así, lo que el secretario de Estado denominó «reformas estructurales en materia sanitaria y educativa» conforma una «parte esencial, cercana a 2.500 millones de euros» del total de partidas a recortar. El ministro de Hacienda se mostró muy reacio, al principio, a dar las cifras globales del ajuste pendiente. Solo al final de su comparecencia autorizó al secretario de Estado de Administraciones Públicas a hacerlas públicas. El motivo era el posible impacto negativo que pudiera tener la publicación de la cifra agregada.

Según explicó el propio Montoro, la reunión de ayer abrió un proceso cuya aplicación está ahora en manos de cada gobierno autonómico. Y será el rigor observado en la llevada a la práctica de los planes de reequilibrio por cada una de ellas lo que otorgue a España la confianza deseada ante los socios e instituciones europeas y ante los mercados. «Lo que hace ganar credibilidad es el trabajo y la acción día a día». «Aquí el único objetivo es cumplir», resaltó. «No me cabe duda de que haciendo el trabajo vamos a generar confianza y credibilidad».

Planes aprobados

Pese a las numerosas discrepancias, el resultado general fue que el Ministerio de Hacienda dio su visto bueno a todos los planes salvo el de Asturias, comunidad que deberá presentar otro en 15 días. Eso sí, no existió el pretendido acuerdo sino que fue el Ejecutivo central quien impuso sus criterios 'manu militari'. Ese desenlace permitió a Montoro «celebrar» al término del cónclave que «la totalidad del mapa autonómico de España esté comprometido en planes creíbles para conseguir el objetivo de déficit del 1,5% que corresponde a las comunidades» este año.

Ahora comienza la fase de la ejecución de los planes, que irá acompañada de una estricta vigilancia por parte del Ministerio de Hacienda y de medidas de transparencia desconocidas hasta la fecha, como son la publicación de todos los programas de reequilibrio en las páginas web de las comunidades. Montoro no perdió, además, la ocasión de certificar que el de ayer era el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebraba al amparo de la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que faculta al Gobierno para sancionar primero y, más adelante, para enviar una misión de técnicos a intervenir las cuentas de la Administración que no se someta a la disciplina presupuestaria.