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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el Congreso de los Diputados. :: ALBERTO PIZZOLI / EFE
ESPAÑA

ETA pide sentarse a negociar la paz sin entregar las armas

El Gobierno rechaza una aproximación y exige la desaparición de la banda mientras la UE y Francia ignoran la invitación a involucrarse

MELCHOR SÁIZ-PARDO
MADRID.Actualizado:

ETA reclama atención ante la indiferencia de los gobiernos de Mariano Rajoy y François Hollande por sus movimientos y a la apatía de la comunidad internacional. La organización terrorista, siete meses después de declarar su alto el fuego definitivo, cree que ya ha llegado el momento y pide sentarse a negociar «directamente» con los Gobiernos de España y Francia, en una suerte de mesa de paz entre pares, que el Ejecutivo, con el apoyo de París, se apresuró a rechazar de plano. ETA reclama «diálogo» sin intermediadores con los dos países sin hacer mención alguna a su disolución o a la entrega de sus arsenales.

Un día después de que el socialista Hollande tomara posesión, la organización terrorista trató de dar un golpe de efecto internacional, haciendo pública, tras semanas de silencio, una nueva declaración, remitida primero a la agencia France Press y minutos después distribuida por el diario 'Gara'.

Una «delegación»

ETA anuncia formalmente que ha «nombrado» una «delegación para abordar el diálogo directo» con la Moncloa y el Eliseo. El comunicado, fechado en abril, no desvela quiénes son los elegidos por la organización para sentarse en esa hipotética reunión.

ETA, que no fija fechas, no obstante mete prisa y aspira a marcar los ritmos. Insta a los equipos de Rajoy y Hollande a «responder positivamente» y «sin más demora» a la oferta de los terroristas para sentarse a la mesa. Y hace una advertencia, con cierto tono de amenaza: «Demorar la solución no es beneficioso para nadie y, además de alargar el sufrimiento, puede generar situaciones de bloqueo perjudiciales».

La organización denomina este último texto «comunicado a la comunidad europea», en un intento de involucrar a unas instituciones mucho más preocupadas en la deriva de la economía que de la suerte de unos terroristas que ya no atentan. Los servicios de información esperaban desde hace días un movimiento de este calado después de que a principios de mes la autodenominada Comisión Internacional de Verificación anunciara que ETA estaba «preparada para dialogar».

En el Ministerio del Interior saben que la banda está muy inquieta desde hace meses por la cada vez más evidente falta de eco internacional de lo que denomina «conflicto vasco», algo que siempre ha considerado básico para defender su causa. Quizás por ello, explican los mandos antiterroristas, trata de echar ahora toda la carne en el asador con un llamamiento directo a las autoridades de Bruselas.

A ellas, a la «comunidad europea» y al «conjunto de instituciones de Europa», ETA recuerda que «tienen ante sí el reto de apoyar e impulsar el proceso abierto para dar una solución definitiva a este conflicto que perdura en el corazón de Europa». Pero el llamamiento internacional cayó en saco roto, fuera y dentro de las fronteras españolas. La Comisión Europea ignoró el comunicado. Desde Francia también dejaron en manos de España su respuesta, tras remarcar su «solidaridad» con el Gobierno de Rajoy.

Y el Ejecutivo español volvió a dejar claro que considera papel mojado la 'hoja de ruta' de la conferencia internacional de San Sebastián de octubre, que dio pie al alto el fuego definitivo y que ETA invoca, una vez más en su comunicado, para pedir ese «diálogo directo». La réplica fue inmediata y tajante: «El Gobierno no va a negociar nunca con una banda terrorista». «Para entregar las armas no hace falta el diálogo, solo voluntad para entregarlas», dijo el titular de Interior, Jorge Fernández, en el Congreso, donde insistió en que ETA no va a condicionar los pasos del Gobierno ni tampoco «nuestras vidas». El ministro insistió en que la «única comunicación» que espera de la banda es su «disolución incondicional», que implica no solo el cese de su actividad sino que deje de existir definitivamente y que desmantele su infraestructura.