Despidos, privatizaciones y nuevas tasas en el tercer tijeretazo catalán

Tres hachazos en dos años y el cuarto ya está en estudio. La Generalitat de Cataluña anunció ayer una nueva oleada de recortes, la tercera desde que Artur Mas asumió la Presidencia, que supondrá un ahorro para las cuentas catalanas de unos 1.500 millones de euros entre este año y el próximo, a base de crear nuevas tasas para la formación profesional, despedir a empleados públicos y privatizar empresas de la administración catalana. Todo ello después de rebajar el sueldo a los funcionarios en 2012, aplicar un euro por receta, instaurar una tasa turística, subir los precios del agua, la gasolina, los peajes y el transporte urbano y de aprobar, el año pasado, el mayor ajuste de la democracia en Sanidad y Educación.

Según la Generalitat, el nuevo tijeretazo es «obligado» por las circunstancias. Cataluña afronta a final de año un vencimiento de deuda por importe de 3.160 millones, el más alto entre las autonomías, y forzado también por los «errores» del anterior tripartito y de los gobiernos centrales, el actual y el socialista. El Gobierno catalán espera cumplir con este ajuste los compromisos de la ley de estabilidad y, por tanto, aprobar el examen de mañana del Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El objetivo de Mas, que es consciente de las «incomodidades» y del «esfuerzo titánico» que está exigiendo a la población, es cumplir el déficit máximo impuesto por el Gobierno español a las autonomías, el 1,5% del PIB regional.

«La austeridad no es un castigo, es un valor de futuro», expresó ayer Mas en una comparecencia extraordinaria convocada para justificar la batería de recortes. Los más dolorosos dejarán en el paro a una cantidad no precisada de trabajadores de las empresas de la Generalitat. «No habrá despidos masivos, pero sí algunos ajustes en las plantillas», señaló el presidente, que puso el ejemplo de GISA, la constructora del Ejecutivo catalán, que el año pasado echó a la calle a 70 trabajadores, un tercio de su plantilla. Asimismo, reducirá las subvenciones, ralentizará las inversiones en infraestructuras, venderá patrimonio, privatizará empresas públicas (del agua y autopistas), y consolidará la reducción de los complementos salariales de los funcionarios. Asimismo, Mas, a pesar de que ha amenazado con llevarlas al Constitucional, aplicará las medidas aprobadas por el Gobierno central para Sanidad y Educación, que supondrán un ahorro de 1.000 millones, según Hacienda, aunque para el Gobierno catalán, no más de 150. En este apartado, la administración catalana pondrá en marcha una matrícula, «modesta», para los estudiantes de FP de grado superior.

El cuarto

Nadie en la Generalitat se atreve a poner la mano en el fuego de que la tercera ola de recortes será la última. Si bien los planes de Mas eran aplicar solo dos, el presidente anunció que la cuarta está en estudio para 2013, cuando podrían aumentar las tasas y los tributos propios. Y es que, ahora que CiU se ha distanciado del PP, puede ser una moneda de cambio para una aproximación a Esquerra Republicana o al PSC.

Pese a que para Mas, según señaló ayer, la piedra de toque que marcará los pactos de gobierno en Cataluña a partir de otoño será la negociación del concierto económico. Un pacto fiscal que volvió a destacar como objetivo número uno de la legislatura y al que dará forma a finales de mes, cuando convocará una cumbre sobre el asunto. Cree que si Cataluña lo tuviera vigente no se vería obligada a acometer estos ajustes presupuestarios.

Añadió que si el Gobierno central pagara los 759 millones que debe a Cataluña en concepto de inversiones en infraestructuras contempladas en el Estatut este último plan de recortes se reduciría a la mitad. De ahí que Mas rechazase las «regañinas» y las «lecciones» de Rajoy, al que acusó de «centrifugar» déficit hacia las autonomías, y al que conminó a reducir el sueldo de los funcionarios y a extender los peajes.