Los cabecillas de Gürtel callan y fían su suerte a la nulidad del proceso

Las escuchas ilegales del exjuez Baltasar Garzón en el 'caso Gürtel', por las que el Tribunal Supremo puso fin a su carrera por prevaricación, sobrevuelan el proceso judicial en sus distintas ramificaciones. Tanto en la Audiencia Nacional la semana pasada, con la pieza de la visita del Papa en 2006, como ayer y anteayer en el tribunal de justicia de Valencia, con la presunta financiación irregular del PP valenciano, los supuestos cabecillas de la red corrupta siguieron la estrategia del silencio y se acogieron a su derecho a no declarar, como les permite su condición de imputados.

Los abogados de Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez 'El Bigotes' y Cándido Herrero, el contable de Orange Market, la empresa del trama Gürtel en Valencia, están convencidos de que las intervenciones telefónicas que condenaron a Garzón acabarán por contaminar el resto de la instrucción y supondrán la nulidad de la causa.

Crespo, imputado en Valencia por un delito de financiación irregular, delito electoral, cohecho y prevaricación, los mismos tipos penales de sus colegas, aseguró ayer a la salida de la sede del Tribunal Superior de Justicia que «el procedimiento está contaminado y viciado, igual que el de origen en Madrid, y ésta es la razón por la que me he acogido a mi derecho a no declarar».

Detrás de la afirmación subyace una clara estrategia de defensa. Recurrir todas las resoluciones contrarias con el argumento de que algunas de las pruebas de la investigación se han logrado gracias a las escuchas que realizó Garzón en prisión a los abogados de los principales imputados. Esto ocurrió entre febrero y marzo de 2009, nada más estallar el caso, de ahí «el fallo de origen» del que habla Crespo.

Pese a ello, juristas consultados aseguran que es casi imposible llegar a este extremo. Recuerdan que hay una «avalancha» de pruebas que no proceden de las escuchas y señalan que la 'teoría del fruto del árbol envenenado', según la cual esta prueba afecta al resto, ya quedó enterrada cuando el Tribunal Superior de Madrid volvió a revisar con lupa las comunicaciones intervenidas a los abogados que pudieran afectar al derecho de defensa.