Retrasos injustificables

La lentitud de las administraciones en resolver la mayor parte de sus asuntos cotidianos es, habitualmente, desesperante. Y en el caso de la Justicia supera con creces el límite de lo tolerable. El caso del chiclanero que reclama cuatro millones de euros por los perjuicios causados tras tres años litigando para que se le conceda el divorcio y la custodia compartida de sus hijos podría ser una anécdota. Sin embargo, lejos de serlo, es un síntoma que muestra a las claras el pésimo funcionamiento de la administración de Justicia, dependiente de la Junta de Andalucía.

Esos tres años de retraso injustificado, reconocidos en un informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial, podrían costarle a las arcas públicas cuatro millones de euros, que es la cantidad que reclama el afectado. Evidentemente parece una reclamación desmesurada y difícilmente la indemnización que reciba llegue a esa cifra, pero sin duda estamos ante una clara negligencia.

Una negligencia en la que habrá que depurar responsabilidades. En primer lugar dentro del propio Juzgado nº3 de Chiclana, pero sobre todo en los responsables últimos de destinar más y mejores medios a este juzgado en concreto y al resto de los juzgados de la provincia y de Andalucía.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, exigía en su última memoria mayor profesionalidad a los funcionarios al tiempo que recogía las quejas de numerosos jueces por el pésimo reparto del personal, con juzgados con carencia de funcionarios y otros con exceso.

El problema es de calado y de difícil solución a medio plazo. Más cuando aún no se sabe cuándo -en el caso de Cádiz capital- la Ciudad de la Justicia va a estar operativa. El viernes, sin ir más lejos se trasladará la sede del juzgado de Menores al estadio Carranza. Un nuevo parche para, al menos cuatro años. Y hasta entonces, mientras no se dediquen más recursos desde el gobierno autonómico y se gestionen mejor los que hay, a los ciudadanos nos queda seguir esperando años las resoluciones y pagando con dinero público las negligencias.