El Constitucional paraliza la subasta de fármacos del SAS recurrida por el Gobierno

Como se esperaba, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la subasta de fármacos del Ejecutivo andaluz. Es lo habitual en un conflicto de competencias planteado por el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas. La admisión implica la suspensión del proceso puesto en marcha por el Servicio Andaluz de Salud para ahorrar gastos en sanidad ante la merma de ingresos. La suspensión es por cinco meses, hasta que el alto tribunal delibere si como dice el Gobierno la subasta andaluza puede invadir sus competencias sobre la exclusiva en la regulación de medicamentos y rompe el sistema de igualdad.

El proceso andaluz lleva meses en marcha, aunque con varios contratiempos. De hecho dentro de dos semanas, el 1 de junio, los medicamentos con los principios activos subastados iban a estar a disposición de los usuarios en las farmacias.

Fuentes de la Consejería de Salud no pudieron aclarar si la paralización implica que esos fármacos, que los laboratorios ya han hecho llegar a las farmacias, podrán ser finalmente vendidos con exclusividad o no. El auto de suspensión y el recurso del Gobierno no había llegado ayer a los servicios jurídicos de la Junta.

Sin embargo, días atrás, la consejera de Salud, María Jesús Montero, manifestó, según recogieron las agencias, que en caso de producirse la suspensión esta no puede tener efectos retroactivos. Los servicios jurídicos tendrán que aclarar si el auto del Constitucional paraliza la venta o se refiere a nuevas subastas. La Junta tiene un plazo de 20 días para las alegaciones.

La Junta realizó una convocatoria de subasta de tres principios activos de los medicamentos más habituales entre los pacientes, como las estatinas contra el colecterol y los protectores gástricos. El laboratorio que ofreciera mejor precio del medicamento con dichos principios tendría la exclusiva de su venta en farmacias en Andalucía, con ocho millones de potenciales pacientes. La medida suponía un ahorro de hasta 200 millones de euros en gasto farmacéutico. Para este año el ahorro se había calculado en 40 millones de euros.

Al concurso abierto en enero se presentaron 11 laboratorios, pero siete de ellos abandonaron el proceso en víspera de las elecciones. Los otros cuatro continuaron y firmaron un contrato con la Junta. La subasta quedó así: Industria Química y Farmacéutica Vir fue seleccionada para el suministro de omeprazoles (protectores gástricos) y estatinas contra el colesterol en sangre (lovastatina, pravastatina sodica y simvastatina); Medinsa Laboratorios Medicamentos Internacionales para el suministro de omeprazol; Uxafarma S.A. para proveer de simvastatina; y la compañía Aurobindo S.L también para la estatina simvastatina.

Antecedente gallego

La patronal farmacéutica protestó y el Gobierno de Rajoy le dio la razón. El 30 de marzo anunció el recurso al Constitucional. Las razones que esgrime el ministerio de Ana Mato, basado en un informe del Consejo de Estado, son las mismas que las que argumentó el Gobierno de Zapatero contra el catálogo gallego de medicamentos.

Este es un proceso distinto al andaluz pero que supone un ahorro a la Xunta de Galicia y también señala los fármacos que los médicos tienen que prescribir, aunque hubiera otros con los mismos principios activos. La Xunta planteaba ahorrar hasta 100 millones de euros con el catálogo. El Constitucional paralizó la medida cinco meses, pero luego levantó la suspensión al entender que su aplicación supone un ahorro para las arcas públicas. Este precedente anima a la Junta a confiar en que el alto tribunal se pronuncie dentro de cinco meses del mismo modo.